- Habitantes de la Delegación Magdalena Contreras se oponen a la violación a su derecho a la vivienda digna.
- El gobierno del Distrito Federal resulta incongruente entre lo que promueve en materia ecológica y lo que se pretende desarrollar a partir de este proyecto.
El anuncio de la construcción de una supervía al sur de la Ciudad de México y el decreto expropiatorio de por lo menos 52 predios, ha impacto la vida de varias colonias de la Delegación Magdalena Contreras.
El beneficio social amplio que una obra pública debería de tener es seriamente cuestionado cuando la obra implica un aparente beneficio sólo para el 0.04% de la población de la zona metropolitana. La “Supervía” además será de cuota y forma parte del proyecto de la autopista urbana que promueve el Gobierno del Distrito Federal.
Esto muestra incongruencia entre lo que el mismo gobierno local promueve en materia ecológica, y lo que pretende desarrollar a través de este proyecto: una obra que da preferencia al uso de vehículos, genera contaminación y vulnera zonas verdes de la capital.
Los vecinos de la zona que se han organizado para expresar su inconformidad por la obra, no fueron consultados y se les ha negado el acceso a la información sobre las particularidades de la misma.
El proyecto de dicha construcción ha unido a los vecinos. Habitantes de los barrios y los residenciales que convergen en esta zona se oponen a la violación a su derecho a una vivienda digna, mismo que no sólo incluye el acceso a una casa sino a un entorno adecuado para su desarrollo y en condiciones óptimas.
Es importante contrastar las visiones sobre el “desarrollo”; la del Gobierno, meramente mercantilista, y la de los vecinos, que piensan en él como un medio que posibilita una vida mejor en un ambiente sano.
El derecho a una vivienda adecuada, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación número 4, incluye, entre otras cosas, la seguridad jurídica de la tenencia que implica que: “Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.”
Medio Ambiente avaló el ingreso de maquinaria bajo el supuesto de limpiar terrenos
El día de ayer, pese a que aún no se tiene el resolutivo del impacto ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del Distrito Federal autorizó que ingresaran máquinas a la localidad e hicieran labores de limpieza sobre los predios que fueron expropiados para la construcción de la Supervía Poniente. Ante la queja de vecinos de la Delegación Magdalena Contreras, Martha Delgado, secretaria de Medio Ambiente, negó que se tratara de los trabajos para la construcción de vialidad.
A pesar de ello, y a casi un mes de que se inicien los trabajos para la autopista urbana, la dependencia todavía no entrega el resolutivo del impacto ambiental, indispensable para que las empresas concesionarias o el gobierno capitalino den la entrada a máquinas, independientemente de los propósitos.
El diputado Juan Carlos Zárraga (PAN) integrante de la Comisión de Preservación de Medio Ambiente y Protección Ecológica en la ALDF, señaló que comenzar a hacer obras sería un desacierto para el gobierno capitalino, porque aún no cuentan con todos los estudios necesarios para poner en marcha la Supervía. Afirmó que en caso de que se compruebe que efectivamente hay máquinas haciendo labores, solicitará la renuncia de la funcionaria por enmascarar “actos ilegales”.
La titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Diana Ponce Nava Treviño, pidió a la SMA local subsanar varias inconsistencias que el organismo a su cargo detectó en la manifestación de impacto ambiental para la construcción de la Supervía Poniente. Subrayó que la recarga de agua por infiltración y la captura de carbono, relacionada con los árboles que se tendrían que derribar, son los temas que más les preocupan, por lo que ha solicitado a Medio Ambiente que las subsane antes de autorizar el documento de impacto ambiental. Además, comentó que a lo largo del proyecto hay zonas de recarga, baja y moderada, y en ese caso la construcción de túneles o de vialidades superficiales van a afectarlas.
Algunas partes del proyecto no están georreferenciadas con precisión; por ejemplo, ciertos puntos del documento refieren a 8 mil árboles que se necesita derribar, mientras que en otra parte se habla de 30 mil; con ello se confirma que no existe un número único y esto es muy importante, porque dependiendo del número de árboles que se derriben es la reposición que tendría que hacerse.
En el “Dictamen preliminar de la manifestación de impacto ambiental modalidad específica del sistema vial de puentes, túneles y distribuidores del sur poniente de la ciudad de México”, emitido el pasado 15 de junio, la PAOT advierte que el proyecto prevé la construcción de cinco kilómetros y medio de vialidad sin determinar con claridad la superficie en metros cuadrados que se verá afectada para construir los pilotos para hacer los puentes. Ponce agregó que aunque la SMA refiere dónde irá la zona de túneles, no quedan aclarados los puntos en los que se conectarán con las vialidades elevadas.