*Presenta la organización su informe anual.
Ciudad de México, 22 de febrero de 2018. Al presentar el informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México señaló que el documento exhibe la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto para garantizar la seguridad de la población y revertir la grave crisis de derechos humanos. Por su parte, el académico James Cavallaro -ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- advirtió que el Estado se sigue negando a aceptar la existencia de una grave crisis de derechos humanos señalada ya por diversas instancias internacionales.
Entre los puntos relativos a México, la organización destacó que el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, que permite la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía, sin incluir disposiciones efectivas que garantizaran la transparencia, la rendición cuentas ni la supervisión civil.
Otro punto negativo se encuentra en la persistencia de la tortura, destacando que el relator especial de la ONU concluyó que la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados e incluían un uso alarmante de la violencia sexual.
Además, se señala que las desapariciones forzadas siguen siendo práctica habitual: «Persistía la impunidad de estos delitos, incluido el caso de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En marzo, en una audiencia ante la CIDH, los representantes del Estado reiteraron la versión gubernamental de lo sucedido, una teoría cuya imposibilidad científica había sido demostrada por el GIEI», destacó.
Amnistía Internacional también llamó la atención sobre el hecho de que por cuarto año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares. Además, no se dio información sobre los cargos penales formulados en los casos de Tlatlaya, estado de México, donde 22 personas murieron a manos de soldados en 2014.
La organización también recordó el caso del espionaje contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos por medio del malware Pegasus, indicando que el mecanismo oficial de protección no aportó ninguna estrategia de respuesta.
“En este contexto, la promesa de un México en paz se desmorona hacia el fin del sexenio del presidente Peña Nieto, con cifras inéditas de violencia. Al mismo tiempo, la voz de activistas alrededor del país se ha levantado con más fuerza para demandar justicia, verdad y reparación. Movimientos de víctimas han exigido sus derechos y en 2017 conquistaron importantes victorias como las leyes generales sobre tortura y desaparición. La gente exige sus derechos humanos y ahora corresponde al gobierno mostrar que está escuchando”, finalizó Reneaum.