*El gobierno no quiere esclarecer los hechos ni informar sobre los funcionarios responsables, señalan.
Ciudad de México, 22 de febrero de 2018. “La investigación del gobierno mexicano sobre el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos es inaceptable y ha tenido nulos avances”, sostuvo Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien agregó que “es claro que el gobierno mexicano no quiere esclarecer los hechos ni informar sobre los funcionarios gubernamentales responsables de este espionaje ilegal, lo cual hace preguntarse a quiénes se está protegiendo y por qué”.
La declaración de la defensora llega después de que el periódico The New York Times revelara que el gobierno estadounidense se niega a involucrarse en la investigación para no participar de una simulación. Desde hace ocho meses, las víctimas de espionaje con el malware Pegasus -periodistas y defensoras de derechos humanos- presentaron una denuncia, pero han sostenido que la fiscalía no ha investigado exhaustivamente las responsabilidades.
A su vez, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló nuevos nexos de funcionarios federales con la empresa que vendió el software al gobierno.
El espionaje a activistas con un software que solamente se vende a gobiernos para luchar contra el crimen organizado ha suscitado preocupación internacional. En diciembre del 2017, 10 Miembros del Congreso de los EE.UU. publicaron una carta urgiendo al Departamento de Estado a seguir de cerca la investigación del gobierno mexicano sobre la vigilancia ilegal: “Estos ataques se dan en el contexto de una situación cada vez más preocupante para periodistas y defensores de derechos humanos en México. Los ataques en contra de activistas y opositores del gobierno este año han aumentado en número, gravedad y sofisticación”.
“Este caso muestra la urgencia de tener una Fiscalía autónoma y un Sistema Nacional Anticorrupción en México que puedan investigar con libertad a cualquier persona que haya actuado ilegalmente al espiar a las voces críticas del gobierno, incluso si ello implica investigar al círculo cercano del presidente o a su partido político”, señaló ayer Ximena Suárez Enríquez, Subdirectora para México en WOLA.