- 40 mil despidos ilegítimos avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Argumenta el máximo tribunal del país que el gobierno federal no violó los derechos de los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) al negarse a ampararlos y validar la desaparición de la Compañía.
El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la extinción de Luz y Fuerza del Centro a pesar de que ello signifique convalidar el despido ilegitimo de cerca de 40 mil trabajadores, mismo que se realizó de manera artera, después de que se les ofreciera un diálogo con Calderón que fue una trampa para agarrarlos distraídos. Lo más preocupante es que en su discusión sobre el asunto la Corte no abundó en la facultad y competencia del ejecutivo para emitir el decreto, se limitó a argumentar que la discusión versaba sobre un «acto administrativo» y que este era legal y constitucional con lo cual evadió una discusión fundamental desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores.
Tras listar el asunto inesperadamente, la Corte determinó que el gobierno federal no violó los derechos de los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) al negarse a ampararlos y validar la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, promovida por Felipe Calderón, quien la decretó el 10 de octubre de 2009. Con ello la situación luce complicada para el SME que trató de agotar posibilidades a través de todos los medios de defensa que tuvo para que Luz y Fuerza no se extinguiera; presentaron 26 argumentos entre los cuales se señaló a Calderón por haber violentado la Constitución al tomar una decisión que el Poder Legislativo debía asumir. Los ministros afirmaron además que tal acción no violó el convenio 87 de la OIT porque el decreto “no está orientado a extinguir al sindicato ni a la afectación de los derechos sindicales”, sino que busca liquidar a la empresa por considerar que “ya no resultaba conveniente para la economía nacional”.
Según afirman diversos medios de comunicación, lo que les queda a los trabajadores en términos legales, es cobrar sus liquidaciones y en caso de ser necesario, recurrir a las instancias correspondientes si consideran que no se les va a pagar lo que atañe a su indemnización. Sin embargo lo cierto es que este conflicto nos muestra con toda claridad el grado de polarización que vivimos, así como el desinterés gubernamental por garantizar los derechos de amplios sectores de la sociedad.
Si bien es cierto que los agremiados del SME están obligados a realizar una profunda autocrítica que les permita valorar en su justa medida los errores que cometieron y que los han llevado a tener una mala percepción en la opinión pública, es muy claro que la extinción de su fuente de empleo tiene que ver más con una factura política por no alinearse a los intereses oficiales que con un intento de mejorar la productividad en áreas de responsabilidad estatal. En caso contrario hace mucho tiempo que Elba Esther Gordillo, por poner un solo ejemplo, sería un recuerdo. Este es un caso más en donde la ley del “conmigo o contra mí” opera contra los derechos humanos de las personas, como en la militarización del país, o el resto de la política económica.