*Juan Méndez, Ariel Dulitzky y Christof Heyns señalan que el texto es contrario a las recomendaciones emitidas a México por sus mandatos.
Ciudad de México, 08 de diciembre de 2017. La Ley de Seguridad Interior no debe ser aprobada, señalaron hoy tres importantes ex relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Juan Méndez, ex Relator de la ONU sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Ariel Dulitzky, ex integrante y Presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Christof Heyns, ex Relator de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, expresaron su «profunda consternación» por el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y turnado al Senado de la República.
«En nuestra anterior condición como expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tuvimos ocasión de visitar México y conocer de manera directa los grandes retos que en materia de seguridad enfrenta el país. También constatamos cómo la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad no ha contribuido a mejorar la situación de seguridad del país; por el contrario, ha agravado las problemáticas propias de los temas que cada uno de nosotros conoció: la desaparición de personas, la tortura y malos tratos, y las ejecuciones extrajudiciales», señalaron en un comunicado conjunto difundido esta mañana. Los expertos recordaron que, fruto de esas visitas, los mandatos de Naciones Unidas formularon al Estado mexicano numerosas recomendaciones, cuyo objetivo común era ayudar a combatir las graves violaciones de derechos humanos.
Los reputados especialistas ratificaron que, más allá de la temporalidad de sus respectivos mandatos, mantienen su
compromiso con las víctimas y su espíritu de colaboración con el Estado, motivo por el cual analizaron el texto de la ley y constataron que no aborda las causas estructurales de la violencia, ni propone medidas transformativas para superar la situación actual.
Además, agregaron, «el proyecto de ley carece de las salvaguardas debidas y de los controles adecuados y está plagado de definiciones imprecisas que oscurecen el sentido del texto. Particularmente, el texto no solo no recoge, sino que es contrario a varias de las recomendaciones que oportunamente formuláramos. Frente a esto, sumamos nuestras voces a las de las víctimas, organismos internacionales de derechos humanos, personas e instituciones expertas, organizaciones de derechos humanos y demás actores, que han expresado su oposición a la aprobación del texto propuesto».