México debe redoblar esfuerzos para proteger a periodistas: relatores de la ONU y la CIDH

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*También manifestaron su preocupación por la Ley de Seguridad Interior.

Cristina Rodríguez | La Jornada

Ciudad de México, 04 de diciembre de 2017. México debe dar pasos audaces para abordar la violencia que enfrentan quienes ejercen el periodismo, manifestaron los relatores de libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de una misión oficial de una semana para examinar la libertad de expresión en el país.

Durante su misión, del 27 de noviembre al 4 de diciembre, los Relatores Especiales se reunieron con más de 250 periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil, de 21 estados de la República mexicana.

“La violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de una década y a pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”, dijeron David Kaye y Edison Lanza, Relatores Especiales sobre libertad de expresión para las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.

“En este contexto, instamos al Gobierno a incrementar rápida y sustancialmente los recursos disponibles para los mecanismos que han sido establecidos para proveer de protección y transparencia. México ya ha dado un paso loable creando estas instituciones; ahora debería darles las herramientas para ser efectivas. La necesidad de abordar los temas de protección y transparencia será especialmente crítica en 2018, cuando la ciudadanía mexicana votará en elecciones federales, estatales y locales. Garantizar la seguridad de los y las periodistas les permite recabar y difundir información sobre cuestiones del más alto interés público”, dijeron los expertos, en una declaración conjunta al final de su visita.

Los Relatores Especiales instaron al Gobierno a llevar a cabo una investigación independiente sobre los bien documentados informes sobre vigilancia digital de periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y otros. Expresaron una preocupación especial por el hecho de que la vigilancia parece haber tenido lugar sin controles legales y judiciales.

 

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