CNDH y organizaciones internacionales alertan sobre peligros de la Ley de Seguridad Interior

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*“Una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”, advirtió el organismo nacional.

Imagen de archivo de Eme Equis

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2017. Ante la inminente discusión y aprobación por la mayoría priista de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior (LSI) el día de hoy en la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfatizó que la emisión de una ley en los términos que se plantea presenta potenciales riesgos en el ámbito del reconocimiento, respeto y protección a las garantías fundamentales.

Por su parte, once importantes organizaciones internacionales de derechos humanos señalaron su preocupación ante el avance de la LSI en México y de las reformas legales que tendrían un efecto de militarización similar al que plantea esta ley. Señalaron que durante décadas han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada, además de los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad.

Las organizaciones advirtieron que, de aprobarse la ley, se echarían atrás las importantes reformas en materia de derechos humanos durante los últimos años.

El organismo nacional de defensa de los derechos humanos advirtió que de ser aprobado el dictamen tal cual se plantea, se seguiría relegando a las policías civiles a un papel marginal dentro de las políticas públicas inherentes a la seguridad de las personas, las cuales dan prioridad a la acción de las Fuerzas Armadas. Tras destacar el abandono de las policías locales por parte de los gobiernos, enfatizó que la aprobación del actual dictamen “contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de seguridad pública en términos del artículo 21 Constitucional”.

Los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión “son múltiples y de diversa gravedad”, enumeró la CNDH. “Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la seguridad nacional con la seguridad interior; una definición sumamente amplia y ambigua de esta última permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica; la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.

Las y los defensores internacionales de derechos humanos urgieron al Congreso mexicano a rechazar “una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional. El Estado mexicano debe atender las exigencias de las organizaciones sociales que demandan reformas para profesionalizar la policía en todo el país y garantizar una Fiscalía y un Fiscal General autónomos, capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos”. Señalaron que el debate sobre eventuales cambios en las normas que regulan la seguridad pública debe estar precedido por la presentación de un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública en estrecha correlación con la profesionalización de la policía a todos los niveles, propuesta en la que coincidió la CNDH.

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