*La PGR solamente ha logrado 16 sentencias condenatorias en más de 500 denuncias contra los castrenses.
Ciudad de México, 08 de noviembre de 2017. La Procuraduría General de la República (PGR) no es efectiva en sus investigaciones de abusos cometidos por elementos militares, encontró el informe «Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México», de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés).
El estudio consigna que la justicia civil federal sólo ha tenido éxito en 3.2% de sus investigaciones sobre abusos militares cometidos entre los años 2012 y 2016 -ha obtenido tan solo 16 sentencias condenatorias en 505 averiguaciones por delitos y violaciones a derechos humanos, principalmente por tortura y desaparición forzada-, además de que solamente se han dirigido contra soldados de bajo rango y no contra superiores jerárquicos.
El informe señala que la estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente. «Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México», insiste.
Ximena Suárez-Enríquez, autora principal del informe, sostuvo que «la supervisión civil de las Fuerzas Armadas es esencial en cualquier democracia; sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada».
La investigación expone que no se han implementado totalmente las reformas del 2014 al Código de Justicia Militar (CJM), que facultan a las autoridades civiles para investigar a soldados implicados en delitos de violaciones a las garantías fundamentales, además de que las investigaciones de la PGR son lentas y en ellas no se recaban todas las pruebas para llevar ante jueces casos sólidos. Las y los investigadores destacaron también que falta transparencia sobre los militares que han sido condenados en el sistema de justicia civil por haber cometido delitos y violaciones a derechos humanos.
El arranque de investigaciones militares simultáneas o paralelas a las civiles; una dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil y alteraciones en las escenas del crimen donde se ven involucrados los militares son, las principales acciones que impiden o retrasan las indagatorias, de acuerdo con lo expuesto en el informe.
WOLA recomendó fortalecer el sistema de justicia civil para investigar los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en contra de civiles; evitar contrarreformas al sistema acusatorio y no postergar más la reforma policial en México. Además, es urgente que el gobierno desarrolle un plan de retiro paulatino de los soldados que estén desempeñando tareas de seguridad pública, lo que debe ir acompañado del fortalecimiento progresivo de la Policía civil en una lógica de seguridad ciudadana, de rendición de cuentas y de mecanismos para mejorar las investigaciones civiles de soldados.
*Puede descargar el informe aquí.