Degradación del medio ambiente impide el goce de los derechos humanos, señala relator especial de la ONU

*John Knox se reúne con comunidades durante una visita no oficial a México.

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2017. Un medio ambiente sano es necesario para el pleno goce de los derechos humanos, por lo que la degradación y la pérdida de diversidad biológica socavan la capacidad de las personas para disfrutar de sus derechos humanos, señaló John Knox, Relator Especial de las Naciones Unidas para Medio Ambiente y Derechos Humanos.

El especialista especificó que las afectaciones al medio ambiente afectan en mayor medida a mujeres, niños, personas en condición de pobreza, personas mayores y a las comunidades indígenas y rurales. Durante su visita no oficial a México para participar en el Foro Biodiversidad y Derechos Humanos: Retos y Desafíos para los Estados,  Knox se reunió con representantes de comunidades de diversas regiones del país que defienden su territorio, ecosistemas y tradiciones culturales de la amenaza que representan los megaproyectos.

Los representantes de comunidades expusieron al relator que el Estado mexicano no está generando las condiciones necesarias para garantizar la defensa y goce de sus derechos humanos, sino que en muchos casos está siendo omiso e incluso cómplice de las amenazas, represión y criminalización de la que muchos de ellos están siendo víctimas.

Durante el Foro se escucharon las voces de Leydy Pech, lideresa maya que se encuentra luchando en contra de la siembra ilegal de soya transgénica en la Península de Yucatán; Bettina Cruz, lideresa de la comunidad juchiteca de Oaxaca, quien se enfrenta al megaproyecto Eólica del Sur; Mario Luna, representante de la tribu yaqui, que lucha en contra de la construcción y operación del Acueducto Independencia en Sonora; Julián López Canare, miembro del Consejo Náyeri que defiende su territorio del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, en Nayarit; y Rufina Edith Villa, lideresa del pueblo nahua de la sierra norte de Puebla, quien se enfrenta a las concesiones mineras otorgadas en Cuetzalan.

El Relator señaló que el derecho a un medio ambiente sano no significa que los ecosistemas queden intactos por la mano humana, sino que el desarrollo sea sostenible, es decir, que los ecosistemas se mantengan sanos.

Gustavo Alanís Ortega, director General del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que el objetivo es lograr conciliar las inversiones que el país requiere, con el respeto irrestricto a los derechos humanos de las comunidades donde pretenden llevarse a cabo, particularmente los de los pueblos y comunidades indígenas y rurales.

Por su parte, Mario Patrón, director general del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltó la importancia de la visita del Relator para  potenciar la agenda nacional como defensores del medio ambiente y los derechos humanos, al ser una plataforma de resonancia y visibilidad internacional.  Resaltó que “el país está viviendo una grave crisis de derechos humanos y una gran oleada de concesiones asociadas con temas extractivos y megaproyectos, donde el factor común es que las comunidades enfrentan directamente al poder económico sin que haya una mediación por parte del Estado para ponderar la garantía de derechos humanos”.

En su intervención, Leticia Bonifaz, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que el Máximo Tribunal existe preocupación actualmente porque muchos asuntos se están judicializando cuando no debería ser la Corte la instancia a la que se recurra, más que última y de excepción, puesto que antes tendría que haber más voluntad política para resolver estos casos.  Indicó que las soluciones a los problemas específicos que están enfrentando las comunidades y pueblos rurales e indígenas no pueden aplicarse desde el centro ni ser uniformes, sino que debe incorporarse la experiencia viva de las comunidades rurales y deben surgir a partir de lo local.