*La PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León obstaculizaron las investigaciones.
Ciudad de México, 05 de noviembre de 2017. El Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C. (FJEDD) saludaron la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la masacre de Cadereyta, «como una respuesta obligada a la lucha de justicia y verdad por parte de las y los familiares de las víctimas de la masacre, después de tantos años de indolencia por parte del Estado mexicano», indicaron.
En la madrugada del 13 de mayo de 2012, el Ejército y la Policía Federal hallaron 49 personas asesinadas sobre la carretera libre Monterrey-Reynosa, en Cadereyta, Nuevo León, entre ellas 13 personas migrantes centroamericanas. Cinco años más tarde, la CNDH emitió la recomendación No. 8VG/2017, “La investigación de violaciones graves a los derechos humanos, a la seguridad ciudadana y de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de las 49 personas halladas sin vida en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.”
En la recomendación -dirigida a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), al Gobernador de Nuevo León y al Gobernador de Tamaulipas-, la CNDH declaró la violación al derecho de seguridad ciudadana a partir del contexto latente de violencia focalizado en las personas migrantes, lo que -aunado a la falta de actuación efectiva por parte de las autoridades- dio lugar a la masacre. La CNDH señaló también que la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León (PGJNL) violaron el derecho de acceso a la justicia, pues obstaculizaron las investigaciones a causa de las diversas irregularidades y deficiencias en la integración de las averiguaciones previas y por la falta de la debida diligencia en la investigación de los hechos. Además, dichas instituciones vulneraron el derecho de acceso a la justicia a las y los familiares de las víctimas, al no reconocer su calidad de víctimas y el nombramiento de representantes y por impedir la participación de las y los familiares de las víctimas dentro de las investigaciones penales durante años.
Las organizaciones destacaron que la recomendación reconoce también las fuertes deficiencias de los servicios periciales del país.
La CNDH recomendó a la PGR realizar un peritaje en reparación integral del daño; garantizar la participación de las y los familiares de las víctimas en las investigaciones; atraer la investigación del caso que lleva la PGJNL y apoyar en las denuncias y quejas contra los servidores públicos responsables de las violaciones señaladas, entre otras. Asimismo recomendó al Gobierno del Estado de Nuevo León ofrecer disculpas públicas por las declaraciones infundadas de dicho gobierno, que en 2012 aseguró que los hechos constituían un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. De acuerdo con la Ley de la CNDH, los tres funcionarios tienen hasta el 21 de noviembre para manifestar si aceptan dichas recomendaciones.
Las familias y las organizaciones acompañantes señalaron que la recomendación adolece del señalamiento de responsabilidad del gobierno federal en la prevención de la masacre; de un pronunciamiento sobre la responsabilidad de otros agentes estatales que alteraron el lugar del hallazgo o que se negaron a colaborar en la investigación, y de un análisis sobre las irregularidades de la averiguación previa de la la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la PGR, además de que no se cuestiona la tardanza en la entrega de los cuerpos de víctimas.