*Concluye conferencia internacional de seguridad; niega Sedena que militarización contribuya a violencia.
Ciudad de México, 25 de octubre de 2017. Académicos, organizaciones de la sociedad civil y expertas en el tema de seguridad anunciaron que darán seguimiento a un plan de trabajo para poner a discusión un modelo democrático de seguridad con respeto a los derechos humanos a través del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática.La propuesta es resultado de la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La Vía Civil, convocada por la Universidad Iberoamericana, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Las y los expertos, a lo largo del foro, reiteraron que la actual política de uso preponderante de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad se ha convertido en una regla y no ha tenido impactos positivos en la disminución de la delincuencia. Advirtieron que las definiciones tan amplias de seguridad interior contenidas en las iniciativas en la materia no son viables y representan un riesgo en el caso de habilitar poderes a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad, normalizando con ello lo que debiera ser una excepción.
Advirtieron que la crisis de derechos humanos y de seguridad no puede seguir tratándose con modelos de procuración de justicia pre- transicionales, que enfrentan obstáculos como la fragmentación de normas y procedimientos, la falta de capacidades institucionales y de sistemas de información compartidos, por lo que existe consenso sobre la necesidad de adoptar un nuevo modelo con una visión integral, sistémica y de largo plazo, que privilegie la generación y empleo de información de calidad para la toma de decisiones, combata la corrupción y la impunidad y tenga a los derechos humanos y a la rendición de cuentas como ejes transversales; para ello será indispensable que se incorpore evaluación y toma de decisiones con base en evidencia.
Las y los participantes en la conferencia advirtieron de la urgencia de dar prioridad a la prevención y el fortalecimiento de las policías civiles para avanzar hacia el retiro paulatino, no inmediato, de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad -cuya participación debe ser temporal, subsidiaria y sujeta a mando civil.
«La vía civil para un nuevo modelo de seguridad debe priorizar una reforma policial democrática, la prevención como eje sustantivo y la atención diferenciada a grupos en mayor situación de riesgo por
condiciones socioeconómicas, de género, edad u origen étnico; contribuyendo así a la coproducción de mejores condiciones de seguridad y convivencia con la activa participación de la sociedad civil,
poniendo al centro las experiencias de las personas vulneradas por la violencia criminal y víctimas de violaciones a los derechos humanos», concluyeron.
Advirtieron que la crisis de derechos humanos y de seguridad no puede seguir tratándose con modelos de procuración de justicia pre- transicionales, que enfrentan obstáculos como la fragmentación de normas y procedimientos, la falta de capacidades institucionales y de sistemas de información compartidos, por lo que existe consenso sobre la necesidad de adoptar un nuevo modelo con una visión integral, sistémica y de largo plazo, que privilegie la generación y empleo de información de calidad para la toma de decisiones, combata la corrupción y la impunidad y tenga a los derechos humanos y a la rendición de cuentas como ejes transversales; para ello será indispensable que se incorpore evaluación y toma de decisiones con base en evidencia.
Las y los participantes en la conferencia advirtieron de la urgencia de dar prioridad a la prevención y el fortalecimiento de las policías civiles para avanzar hacia el retiro paulatino, no inmediato, de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad -cuya participación debe ser temporal, subsidiaria y sujeta a mando civil.
«La vía civil para un nuevo modelo de seguridad debe priorizar una reforma policial democrática, la prevención como eje sustantivo y la atención diferenciada a grupos en mayor situación de riesgo por
condiciones socioeconómicas, de género, edad u origen étnico; contribuyendo así a la coproducción de mejores condiciones de seguridad y convivencia con la activa participación de la sociedad civil,
poniendo al centro las experiencias de las personas vulneradas por la violencia criminal y víctimas de violaciones a los derechos humanos», concluyeron.