Denuncian defensores que el muro de Trump no es el único ataque a migrantes

*En encuentro, organizaciones jesuitas llaman a la solidaridad colectiva de la ciudadanía.

Ciudad de México, 16 de octubre de 2017. Organizaciones jesuitas defensoras de migrantes llamaron a los Estados centroamericanos y al mexicano a asumir sus responsabilidades para con las personas migrantes, pues «nos hemos dejado hipnotizar con la idea del muro físico que construirá Donald Trump y es necesario ver más allá, hacia nuestros propios muros».

Durante el el XVI Encuentro Regional de la Red Jesuita con Migrantes Centro América y Norte América (RJM CANA), realizada del 9 al 11 de octubre en la Ciudad de México, las y los defensores denunciaron el aumento de la separación de familias y de las detenciones y deportaciones de personas migrantes desde el interior de Estados Unidos, stuación que se agrava con la interrupción de Deferred Action for Childhood Arrivals –DACA- que pone en riesgo a 800 mil jóvenes con su deportación, de los cuales 622 mil son de origen mexicano y mil 170 centroamericano. Además, recordaron, se mantiene la amenaza de suspender el programa de Tempory Protected Status –TPS- que afectaría a 300 mil personas de origen centroamericano (El Salvador y Honduras).

Las organizaciones también señalaron los «muros en Centroamérica», pues sus cifras de violencia generan desplazamiento forzado y obligan a miles de centroamericanos a buscar protección internacional. Desde el año 2001 al 2016 se ha registrado un aumento del 658% de personas en esta condición, sostuvieron.

Por su parte, el Estado mexicano viene realizando un papel de contención de la migración centroamericana, que impacta entre 200 y 400 mil centroamericanos que pasan por el territorio año con año, explicaron. Con esto, «el gobierno mexicano juega un doble discurso: en el ámbito internacional tiene una postura progresista de protección de derechos humanos, especialmente por su papel al frente a los Pactos Globales de Migración y Refugio, y al interior del país implementa políticas migratorias que no garantizan la protección y violan los derechos humanos», lo que incluye la militarización de la frontera sur, destacaron.

Las organizaciones recordaron que en el año 2016 se detuvieron a 188 mil 595 personas migrantes, de las cuales se deportaron a 147 mil 370.

Y aunque México, Costa Rica y Panamá se constituyen en los principales países otorgantes de asilo, no garantizan las condiciones de inclusión socio-económica que las personas refugiadas requieren.

Ante este panorama, la y los defensores celebraron la hospitalidad y protección que brinda la sociedad civil organizadas y llamaron a que la apuesta de la ciudadanía vaya por la solidaridad, la resistencia y acción de la ciudadanía colectiva.