- Ante el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, el Estado mexicano no ha tomado las acciones necesarias para acabar con esta práctica.
El pasado 26 de junio, en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, establecido con el fin de solidarizar esfuerzos a favor de las víctimas de este delito y para reafirmar que no existe justificación para la práctica de la tortura ni para los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) junto con organizaciones de la sociedad civil asociadas en México, instan a las autoridades mexicanas a cumplir con los instrumentos internacionales que han suscrito, que prohíben el uso de la tortura.
La tortura es una práctica sistemática, aún cuando se reconoce como un crimen universalmente condenado como una de las más graves violaciones a los derechos humanos, extendida en el mundo. En México, se mantiene impune a nivel federal, estatal y municipal.
Se da en contextos de represión de manifestaciones sociales a través del uso excesivo de la fuerza pública, por parte de las fuerzas de seguridad. Una forma de tortura es el abuso físico, psicológico y sexual, que se emplea para extraer confesiones o información durante interrogatorios ministeriales o interrogatorios practicados por elementos militares u otras autoridades.
Las instancias internacionales reconocen cada vez mayor número de casos de tortura cometida por las fuerzas armadas, y se incluyen ataques a defensores de derechos humanos y abusos sexuales a mujeres, incluyendo a menores de edad y mujeres indígenas. Actualmente permanecen en prisión por delitos fabricados o por confesiones obtenidas mediante la tortura, numerosas personas y reconocidos luchadores sociales. Recientemente, se han denunciado graves casos de torturas infligidas a policías por miembros del ejército estando las víctimas en estado de arraigo en instalaciones militares, o en otros lugares utilizados para tal fin.
La impunidad en que se mantienen los abusos cometidos por militares genera una profunda preocupación, porque ésta se debe en gran parte a la extensión ilegal del fuero militar sobre dichos casos.
No es posible afirmar que el Estado mexicano cumpla su obligación de proteger a las víctimas de la tortura, a pesar de las continuas recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas; al contrario: los casos de tortura permanecen en la impunidad por la falta de voluntad para investigarlos; las reparaciones integrales por los daños que sufrieron las víctimas son prácticamente inexistentes; la aplicación del Protocolo de Estambul carece de imparcialidad e independencia; y la tipificación del delito de tortura en algunas entidades federativas es inadecuada al no estar armonizada con los estándares internacionales.
Es evidente que en lugar de ser apoyo para las víctimas, el Estado ha sido tolerante con el patrón de tortura e impunidad vigente, y por ello, dada la imposibilidad de acceder a la justicia en el ámbito nacional, se le ha demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tres casos de tortura: las violaciones sexuales a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y la tortura a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, todo a manos de militares. También se le demandó ante esta misma instancia por la tortura sexual que agentes policiales infligieron a 11 mujeres en San Salvador Atenco en 2006, entre otros casos.
Otra de las obligaciones del Estado para proteger a las víctimas, además de garantizar el acceso a la justicia en casos concretos, es prevenir que sigan ocurriendo actos de tortura en el país. A pesar de ello, es preocupante que la falta de controles adecuados sobre la policía y el ejército, la falta de control judicial sobre las detenciones, la admisión de confesiones arrancadas presuntamente bajo tortura durante los procesos penales y la tolerancia existente en torno a la actuación de caciques o incluso paramilitares en regiones rurales del país, dejan ver que el Estado mexicano no ha tomado las acciones necesarias para acabar con esta práctica.
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro “Fray Bartolomé de las Casas” (Centro Frayba), el Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), externan su más profundo rechazo por la falta de respuesta del Estado mexicano ante la gravedad del problema de la tortura y la impunidad que la mantienen existente en el país, a pesar de las recomendaciones hechas y las reparaciones ordenadas por numerosos órganos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el sentido de que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares se juzguen en el fuero civil (no en el militar) y que se anule la figura del arraigo, entre otras. De esta forma, se hace un llamado al Estado para que aproveche la oportunidad de la conmemoración de este Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura para demostrar su voluntad de garantizar justicia para las víctimas, reparando en lo posible los daños causados e implementando las reformas y acciones adecuadas para evitar que sigan ocurriendo casos de tortura en el territorio mexicano.
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