*María del Sol, Denise, Korina, Wendy, Yecenia y Claudia son algunas de las mujeres que han logrado librarse de un proceso penal injusto tras haber sufrido tortura sexual.
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. En febrero de 2017, en su informe de seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones hechas a México luego de su visita oficial realizada en 2014, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, reiteró que “la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México. La tortura, la cual incluye en alarmantes ocasiones el uso de la violencia sexual, se utiliza para castigar o extraer información o confesiones”.
Esta aseveración ha sido apoyada por diversos estudios de organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Una inmersión a las cárceles de mujeres también puede confirmar, de viva voz, la veracidad de lo que afirman las y los expertos sobre el tema.
El caso de Taylín Narda Clotet Wang, defendido por el Centro Prodh y documentado, entre otros organismos nacionales e internacionales, en el referido informe de Amnistía Internacional, es ilustrativo del patrón tortura sexual- pruebas ilícitas- condena que predomina en el caso de las mujeres presas injustamente.
Taylín fue detenida ilegalmente en su domicilio de la Ciudad de México y trasladada a instalaciones policiales la madrugada del 7 de febrero de 2014. A pesar de que se encontraba embarazada y de que se lo informó a sus captores, fue golpeada, amenazada, insultada y torturada sexualmente con la finalidad de que se inculpara y de que involucrase a otras personas en un secuestro. A pesar de la tortura y las amenazas de dañar a sus dos pequeñas hijas y su hijo, los agentes no lograron que lo hiciera. A consecuencias de las agresiones, Taylín sufrió un aborto en las oficinas de la PGR, sin que recibiera la atención adecuada para esa delicada situación. Luego de eso, Taylín –de nacionalidad peruana- fue recluida en un penal de máxima seguridad, hasta que fue trasladada el año pasado al Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, en la Ciudad de México.
La defensa de Taylín ha señalado que el auto de formal prisión dictado a la sobreviviente se sostiene en pruebas ilícitas puesto que provienen de violaciones a derechos humanos, entre ellas la tortura, y ha pedido al magistrado que éstas sean excluidas del proceso en su contra conforme lo establece la legislación mexicana y los tratados internacionales que México ha ratificado. La decisión, en manos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, podría definirse el próximo 21 de septiembre.
En caso de que el tribunal federal tome su decisión conforme a los más altos estándares de derechos humanos y dictamine, dentro del Amparo en revisión 46/2016, que no hay pruebas para mantener a Taylín en prisión, se abrirá una puerta no sólo para restituir los derechos de una sobreviviente de una grave violación a sus derechos humanos, sino para que el Poder Judicial refrende, en los hechos y de acuerdo con el marco normativo vigente, su rechazo a la tortura como método de investigación.
Taylín no ha estado sola en la pelea porque se le devuelva su libertad, injustamente arrebatada. En 2017 se incorporó a la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”; el carácter paradigmático del caso también ha sido reconocido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) – México, por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y por Human Rights Watch (HRW). Además, su madre y sus hijas e hijo dedican sus esfuerzos a probar que Taylín es inocente. Una decisión en el sentido correcto y justo en su caso podría encaminarla a la libertad y a la reconstrucción de su proyecto de vida.
*Artículo publicado en Animal Político