*Presenta informe el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Ciudad de México, 15 de septiembre de 2017. El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionó el papel del Instituto Nacional de Migración (INM) en las violaciones a los derechos de los migrantes en tránsito por México.
En sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico de México, el organismo de las Naciones Unidas destacó los altos índices de detención de menores de edad en estaciones migratorias y el aumento en las expulsiones hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica. También destacó la falta de acceso a la justicia para las personas migrantes, las irregularidades en las investigaciones de las masacres de San Fernando y Cadereyta, y la vulneración de los defensores de personas migrantes.
En ese sentido, urgió al Estado a investigar de manera exhaustiva y bajo la clasificación de graves violaciones a los derechos humanos, las masacres de migrantes en los estados de Tamaulipas y Nuevo León entre 2010 y 2012.
El Comité expresó su preocupación por el impacto extremadamente grave de la desaparición forzada y los altos niveles de violencia de género, «y se preocupa mucho sobre las alegaciones sobre la participación de autoridades públicas, particularmente policías federales, estatales y municipales», la alta impunidad y los bajos niveles de denuncias, indicó.
En el documento también se advierte sobre los ataques del crimen organizado e incluso de autoridades y cuerpos de seguridad de empresas privadas contra la personas que defienden a las y los migrantes.
El Comité identificó procedimientos de control y verificación migratoria basadas en el perfil étnico, y llamó la atención respecto a la modalidad automática de las detenciones de personas migrantes, sobre las condiciones mismas de la detención y sobre el aumento significativo de las expulsiones de personas hacia Centroamérica. El llamado “retorno voluntario y asistido” también es de preocupación del Comité, pues identificó que se aplica mientras las personas están privados de su libertad, sin asistencia jurídica ni información adecuada, y sin alternativas para su regularización.