Piden que Estados Unidos retenga la ayuda militar condicionada a México por situación de derechos humanos

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*La resolución de los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, además del combate a la tortura y las desapariciones forzadas, entre los puntos no resueltos.

ocurrida en Gu

Germán Canseco | Proceso

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2017. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y cinco organizaciones de derechos humanos nacionales, mexicanas e internacionales, sostuvieron que México no cumplió los requisitos de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos, por lo que Estados Unidos no debe entregarle esos fondos.

“Una vez más el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, ni para investigar y castigar los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad”, sostuvoMaureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en WOLA. “Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos solo empeorará la situación del país, en lugar de mejorarla”.

WOLA señaló que en cuanto al requisito uno, investigar y perseguir en forma exhaustiva y convincente y en tribunales civiles las violaciones a los derechos humanos, incluyendo la masacre de Tlatlaya ocurrida en junio de 2014, las autoridades mexicanas no han obtenido órdenes de aprehensión contra los soldados implicados por homicidio, encubrimiento, y manipulación de evidencia ni han investigado la “orden de matar” bajo la cual operaba el Ejército mexicano cuando ocurrió la masacre; no ha habido condenas en varios casos emblemáticos de violaciones y abusos sexuales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; las investigaciones militares obstruyen las investigaciones civiles, además de que las investigaciones de la PGR son lentas, burocráticas y no son transparentes; la PGR no investiga la cadena de mando y además el Congreso de México está debatiendo una Ley de Seguridad Interior que normalizaría el papel de los militares en operaciones de seguridad pública en el país.

En cuanto al requisito dos, cumplir de manera vigorosa las prohibiciones contra la tortura y la prohibición del uso de testimonios obtenidos a través de la tortura, la organización advirtió que aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la PGR han recibido decenas de miles de denuncias de tortura, entre 2012 y 2016 los agentes del Ministerio Público presentaron cargos en sólo 22 casos.

En cuanto al requisito tres, la búsqueda efectiva de las víctimas de desapariciones forzadas, e investigación y persecución convincente de las personas responsables de tales crímenes, WOLA recordó que hay más de 32 mil desaparecidos en México y consideró que los recientes descubrimientos por un colectivo de familiares de desaparecidos de varias fosas comunes ponen de manifiesto la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para buscar y exhumar cuerpos, identificarlos y regresarlos a sus familias. También notó que la discusión de la Ley General Contra la Desaparición Forzada ha sido larga y complicada, y los miembros de la sociedad civil y familiares de los desaparecidos siguen luchando para asegurar que sus aportes sean considerados e incorporados en la versión final de la ley.

Por último, la organización señaló que algunos funcionarios insisten en la teoría del Basurero de Cocula para resolver Ayotzinapa, que no se ha hecho ninguna nueva acusación en el caso, que la investigación interna de la PGR no tuvo el resultado esperado y el Visitador General que inicialmente estaba a cargo de la investigación reveló que había sido presionado para cambiar su decisión sobre el caso, además de que los miembros del GIEI han reportado haber sido objeto de intentos de espionaje digital mientras trabajaban en México, como ocurrió con tres integrantes del Centro Prodh, a cargo de la defensa legal del caso. Con ello, el Gobierno mexicano habría incumplido también el requisito cuatro, consistente en la cooperación completa del Gobierno de México con el GIEI en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes.

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