Amnistía Internacional y Centro Prodh urgen a la reparación del daño hacia migrante hondureño

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*El caso de Ángel Amílcar es emblemático de la criminalización del Estado mexicano hacia las y los migrantes en tránsito.

Visita de los sacerdotes Pedro Pantoja, Fray Tomás y Alejandro Solalinde a Ángel Amílcar. 2014.

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2017. Después de conocerse que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 33/2017, en la que reconoce que fueron violados los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la asistencia consular, a la protección de datos personales, al honor y al acceso a la justicia del migrante hondureño garífuna Ángel Amílcar Colón Quevedo, el Centro Prodh y Amnistía Internacional exigieron que la recomendación sea cumplida a cabalidad a fin de que se garantice el derecho a la reparación integral del daño, incluyendo impulsar con debida diligencia la averiguación previa abierta por el delito de tortura desde enero de 2014.

La recomendación fue dirigida al gobierno de Baja California, a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y a la Procuraduría General de la República (PGR), y en ella se instruye a reparar el daño material e inmaterial a través de una indemnización por los daños ocasionados, además de la atención psicológica inmediata; el inicio de investigaciones administrativas y penales; y en cuanto a garantías de no repetición, se recomiendan cursos de capacitación a personal de PGR, Policía Federal y Policía Estatal. La CNDH instruyó a la PGR a emitir una circular a su Delegación de Baja California para que se abstenga de pedir que la retención de indiciados se realice en instalaciones militares.

En marzo de 2009, Ángel Amílcar fue detenido y torturado por elementos del Ejército y por policías federales; posteriormente fue llevado a instalaciones militares, en las que le tomaron su declaración ministerial sin recibir asistencia consular. Gracias a la defensa jurídica del Centro Prodh y al acompañamiento de Amnistía Internacional, quien lo nombró preso de conciencia, el migrante y líder comunitario en su país fue liberado el 15 de octubre de 2014, luego de más de cinco años de injusta prisión acusado de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

La CNDH consideró probado que, después de su detención, Ángel Amílcar fue obligado con golpes a caminar de rodillas, al mismo tiempo que lo mantenían esposado, además de que fue retenido durante 15 horas antes de ser presentado ante el Ministerio Público y permaneció cinco días en estado de indefensión e incomunicado en instalaciones militares. El organismo señaló además que la exhibición de Ángel en medios de comunicación lo avergonzó y lastimó su reputación en su comunidad, tomando en cuenta su papel de líder comunitario del pueblo garífuna y defensor de derechos human, y vulneró los derechos a la integridad personal y al honor.

“El caso del hondureño es emblemático del trato violatorio de derechos humanos que brinda el Estado mexicano a las y los migrantes en tránsito por el país; que en vez de ser tratados como víctimas son criminalizados. En el informe Migrantes en prisión del Centro Prodh y del Programa de Asuntos Migratorios de la UIA se documentó que en el año 2013 había más de mil migrantes encarcelados, muchos los cuales presumiblemente eran víctimas de un sistema penal que criminaliza a los más vulnerables”, detallaron las organizaciones.

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