Sociedad civil interamericana condena decisión del presidente de Guatemala respecto a la CICIG

*Llaman a que se respete el Estado de derecho; la decisión de expulsar al presidente del organismo está suspendida.

Ciudad de México, 29 de agosto de 2017. Más de 8o destacadas organizaciones defensoras de derechos humanos en América condenaron «en los términos más absolutos» la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de declarar persona “non grata” y expulsar al colombiano Iván Velásquez, Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en  Guatemala (CICIG).

«La medida anunciada por el Presidente Morales constituye una ruptura grave de los compromisos del gobierno con la lucha contra la impunidad, y representa un grave ataque contra las facultades de investigación y persecución penal de la CICIG, y por extensión, del Ministerio Público», advirtieron.

La decisión fue emitida apenas dos días después de que la CICIG y el Ministerio Público de Guatemala solicitaran al Congreso suspender el derecho de antejuicio de Morales para investigarlo por financiamiento electoral ilícito. Para las y los defensores de derechos humanos, esto sugiere que la intención del presidente guatemalteco es la de obstaculizar la investigación de los delitos, además de otros perpetrados por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que son investigados por la Fiscalía con el apoyo de la CICIG.

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió este martes un fallo histórico en el que suspende de forma «definitiva» la decisión de Morales. La decisión del Constitucional «impugna el acto del presidente» al entender que este «actúa con ilegalidad y por eso la Corte decide la suspensión definitiva», pues «no se cumplió con los preceptos constitucionales, específicamente el artículo 182 de la Constitución», indicó el portavoz del organismo, Santiago Palomo.

Las organizaciones exhortaron al presidente Jimmy Morales a respetar la autoridad de las decisiones de la Corte y el principio de separación de poderes. «A la vez, urgimos a todo funcionario del gobierno a respetar y garantizar los derechos de libertad de expresión y manifestación pacífica del pueblo guatemalteco. Finalmente, hacemos un llamado a los órganos internacionales de protección a estar atentos para velar que se respete el Estado de derecho y se garanticen los derechos humanos», indicaron.

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