*Poder Judicial considera que no se han investigado adecuadamente ni los hechos ni la cadena de mando militar responsable.
Ciudad de México, 15 de agosto de 2017. Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR), mediante una sentencia de amparo dictada dentro del Juicio 545/2017, que realice con debida diligencia la investigación de los hechos acontecidos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, y acusó omisiones de la institución.
La resolución fue dictada el pasado 31 de julio por el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y fue el diario español El País quien la dio a conocer.
El juzgado federal señaló que la falta de acción de PGR ha vulnerado derechos humanos y llamó a una investigación exhaustiva y expedita. La jueza a cargo advirtió que la PGR no ha realizado diligencias encaminadas a la investigación de los hechos ni a la investigación de la orden militar que instruyó “abatir delincuentes en horas de oscuridad” dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los castrenses involucrados en los hechos. También consideró que no se ha investigado la cadena de mando responsable.
La resolución señala que para evitar la fragmentación, la PGR debe integrar todas las investigaciones bajo un solo expediente. Adicionalmente, ordenó a la Procuraduría que señale pormenorizadamente las diligencias que considere pertinentes, así como su objetivo y plazos, mediante la elaboración de un cronograma detallado de investigación.
Para el colectivo #SeguridadSinGuerra, «esta resolución confirma lo que fue denunciado en el tercer aniversario de la tragedia: que la impunidad de un hecho tan emblemático evidencia las fallas estructurales en la procuración de justicia en México, especialmente cuando están involucrados servidores públicos en la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos. La impunidad también alerta sobre los riesgos de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior sin los debidos controles sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, amenaza especialmente relevante ante el inminente inicio del próximo período de sesiones en el Congreso de la Unión».
Las organizaciones advirtieron que la PGR debe enderezar la investigación, pues a pesar de que está acreditado por la CNDH que entre 12 y 15 de las víctimas mortales fueron ejecutadas arbitrariamente, a la fecha nadie se encuentra rindiendo cuentas ante la justicia por esta privación arbitraria de la vida; no se sabe a ciencia cierta el número de víctimas de ejecución; ni tampoco se han esclarecido las responsabilidades en la alteración de la escena del crimen.