*Con dicha figura cualquier persona puede ser detenida por hasta 80 días sin que el Ministerio Público deba acreditar a un juez que se haya cometido un delito ni que exista probabilidades de que la persona sea responsable.
Ciudad de México,08 de agosto de 2017. Más de cien organizaciones de la sociedad civil y académicos presentaron ante el Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto que busca erradicar la figura de arraigo por medio de la derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y del Código Penal Federal.
Las y los promotores de la iniciativa recordaron que en el contexto de la “Guerra contra el narcotráfico” la figura del arraigo fue incorporada en el texto constitucional en 2008, a pesar de los señalamientos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que vulnera diversos derechos humanos. «Con el arraigo cualquier persona puede ser detenida por hasta 80 días sin que el Ministerio Público deba acreditar a un juez que se haya cometido un delito ni que exista probabilidades de que la persona sea responsable del mismo. Lo que se busca es que el Ministerio Público detenga a las personas para investigarlas», abundaron.
En diversas oportunidades, tanto la SCJN como múltiples mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han señalado que el arraigo es una figura violatoria del derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia y al debido proceso legal, además de que las personas sujetas a este tipo de detención están expuestas a ser víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
«En todo el país más de 18 mil personas han sido arraigadas de 2006 a 2016. La utilización de la figura del arraigo ha resultado además, del todo ineficiente, ya que sólo el 3.2 % de ese universo de personas arraigadas habían sido sentenciadas hasta 2011 y posterior a esa fecha no se tiene información sobre la efectividad de la figura», indicaron.
Las organizaciones llamaron al Senado de la República a considerar los insumos técnicos presentados con el fin de priorizar la eliminación de esta figura violatoria de derechos humanos y urgieron a que se tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho al debido proceso y a la libertad, integridad y seguridad jurídica de las personas, así como la presunción de inocencia.