*En una decisión histórica, la ONU reconoció que las víctimas fueron torturadas por elementos militares en Baja California en 2009.
Ciudad de México,07 de agosto de 2017. Sobrevivientes de tortura a manos de militares en 2009 y sus representantes legales exigieron al gobierno mexicano que cumpla las medidas recomendadas por Naciones Unidas para revertir las consecuencias de la campaña dirigida a revictimizar, criminalizar y hostigar a las víctimas, así como a dañar la reputación de las organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos en México.
En días pasadas se hizo público que el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) requirió a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que informara sobre las medidas adoptadas para resguardar la integridad física y moral de cuatro víctimas de tortura, sus familiares y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), por las represalias sufridas tras visibilizar la práctica de la tortura y fabricación de culpables por la Secretaría de la Defensa Nacional.
El 4 de agosto de 2015, el CAT emitió una histórica decisión en la que encontró responsable al Estado mexicano por las torturas cometidas a cuatro hombres por parte de elementos del Ejército mexicano en el estado de Baja California en 2009. «La decisión no sólo fue paradigmática al evidenciar la práctica de la tortura en el país, sino también por tratarse de la primera decisión emitida por este órgano sobre un caso individual contra México», explicó la CMDPDH.
Luego de la decisión del CAT, el 7 de octubre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 33/2015 en la que determinó que elementos de la Sedena y la Procuraduría General de la República (PGR) son responsables por la violación a los derechos humanos a la privacidad, la inviolabilidad del domicilio, la libertad, la seguridad personal por la detención arbitraria y retención ilegal en instalaciones militares, y la integridad personal por hechos de tortura en contra de las víctimas. Días después, el 25 de noviembre de 2015, el Poder Judicial de la Federación dictó sentencia absolutoria en favor de los civiles.
«A pesar de esto, a la fecha no se tiene conocimiento de que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México haya respondido al Comité contra la Tortura sobre las medidas adoptadas para revertir las consecuencias de la campaña dirigida a revictimizar, criminalizar y hostigar a las víctimas de tortura, así como dañar la reputación de las organizaciones, que como la CMDPDH se dedican a la defensa de derechos humanos en México. Por lo anterior, hacemos un llamado enérgico al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a cumplir con las decisiones y los requerimientos del Comité contra la Tortura, así como notificarnos oportunamente de las medidas que se tomarán para proteger la seguridad, la integridad física, la honra y dignidad de las víctimas de la tortura y sus familias, así como del personal que labora en la CMDPDH», finalizó la organización.