- Ministros rechazan el proyecto de dictamen de Zaldívar. No se responsabilizará a funcionarios.
- Hoy se discutirá la existencia de violación a garantías individuales en el incendio de la guardería ABC. Se revisará si es generalizado el desorden en el sistema de guarderías del IMSS.
Fallar en contra de los ciudadanos y abonar a la impunidad, es lo que afirman diversas organizaciones de la sociedad civil respecto a la resolución de la Suprema Corte sobre el caso del incendio en la Guardería ABC, que dejó 49 muertes de niñas y niños además de lesionados el pasado 5 de junio del 2009. En la sesión del pleno del día de ayer, los ministros rechazaron el proyecto de dictamen presentado por Arturo Zaldívar, entre ellos, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, a quien la narración de dicho documento le resultaba preocupante por afirmar que la tragedia mostraba la fragilidad de los sistemas de salud y protección civil del país.
La SCJN en la primera parte de la discusión, rechazó responsabilizar a funcionarios públicos por violaciones de garantías individuales de las víctimas del incendio, bajo el argumento de no poder imputar responsabilidades éticas y morales por la naturaleza de la facultad de investigación; en cambio, usarán el eufemismo de “personas relacionadas o vinculadas”.
Leopoldo Maldonado, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), preguntó sobre lo que sucederá cuando se llegue al análisis de los derechos violados en la guardería, ya que no fue un hecho incidental y responde a la estructura del sistema de guarderías.
El senador Ricardo Monreal calificó como lamentable y excesivamente formalista la postura de los 8 ministros que votaron por no acreditar las respectivas responsabilidades a quienes corresponde. Añadió que aunque se está aplicando formalmente la ley, no así la impartición de justicia Cuestionó a los funcionarios de todos los niveles a rendir cuentas y asumir consecuencias. Monreal fue el único senador que públicamente se pronunció ante dicha resolución, y sostiene que el siniestro no fue un accidente de acuerdo con el peritaje de Smith.
El coordinador de la bancada del PT calificó como “tibia” la determinación del máximo tribunal, en la que el interés público se sustituye en espacios institucionales de mediación del conflicto social por otros de un carácter privado y hasta criminal.
Al peritaje que elaboró el estadounidense Smith los ministros decidieron excluirle, pues según concluyeron, no aportaría ni impactaría en el pronunciamiento que realizará la Corte, que tiene que ver únicamente con la existencia o no de violaciones graves de garantías. En cambio, sólo tomará en cuenta el que mandó realizar y coincidió con los realizados por la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, que afirman que se trató efectivamente de un accidente.
Entre los padres de algunos de los menores fallecidos, José Francisco García, del Movimiento 5 de junio, expresó confianza en que el escenario puede cambiar y no se deslindará de los hechos a los funcionarios de más alto nivel.
Por mayoría, los ministros también avalaron que el IMSS subrogue a particulares el servicio de estancias, que justo es el esquema en que operaba la guardería ABC en el momento del siniestro. El ministro José de Jesús Gudiño aseguró que de ahí partió la tragedia, por la discrecionalidad en el otorgamiento de los contratos, pues trae la posibilidad de privilegiar intereses fuera del marco legal y sin verificar que el servicio esté ajustado a las normas de calidad.
En dicha reunión del pleno, por último, los ministros establecieron que el caso estaba suficientemente investigado y que ya están en condiciones de emitir una resolución. Para hoy, revisarán si existe un desorden generalizado en el sistema de guarderías del IMSS, y si ocurrieron violaciones graves de garantías y si se señalará o no a las autoridades involucradas.