#AudienciasCIDH | Rechaza familia Guzmán Cruz solución amistosa por desaparición forzada y pide Informe de Fondo

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*Los representantes llamaron a que estos relevantes elementos tengan seguimiento, sean presentados ante tribunales y tengan consecuencias penales, situación que el Estado no he llevado a cabo.

Lima, Perú, 07 de julio de 2017. Tras perder a cinco miembros de su familia –el padre y cuatro hermanos- por desaparición forzada a manos de elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Ejército entre 1974 y 1976, Abdallán Guzmán Cruz compareció en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que el organismo emita un informe de fondo que pueda presionar al Estado mexicano de modo que la investigación avance efectivamente.

José de Jesús Guzmán Jiménez y cuatro de sus hijos, Amafer, Venustiano, Solón y Armando Guzmán Cruz, originarios de la comunidad purhépecha de Tarejero, municipio de Zacapu, Michoacán, fueron desaparecidos en pleno periodo de Guerra Sucia, que dejó un saldo oficial de 480 personas desaparecidas.

Con el acompañamiento de la Fundación Diego Lucero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Abdallán Guzmán Cruz reiteró ante las y los comisionados que no es que su familia esté contra la reparación del daño, pero lo que les interesa es conocer la verdad, que se haga justicia “y que no vuelvan a repetirse estos crímenes”. Guzmán Cruz insistió en que “el Estado tiene toda la información histórica sobre la desaparición de mis hermanos y mi padre”, por lo cual no hay pretexto para no encontrar la verdad. Las desapariciones fueron denunciadas desde el primer momento por la familia, quien siguió presentando recursos legales en distintas instancias como la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, donde se encuentra ahora, sin que haya resultado alguno a más de cuatro décadas.

Las organizaciones acompañantes puntualizaron que los hechos no han sido controvertidos por el Estado, pero tampoco esclarecidos, por lo que corresponderá a la CIDH establecer lo ocurrido. Resaltaron que a pesar de estar acreditado por instancias estatales que durante la Guerra Sucia se cometieron crímenes de lesa humanidad, en la investigación del caso no está incorporada la perspectiva de sistemática desaparición forzada, además de que han fallecido ya dos de las autoridades de más alto rango identificadas como responsables.

El comisionado Paulo Vanucchi cuestionó si el Ejército mexicano alguna vez ha reconocido la comisión de graves violaciones a derechos humanos en la Guerra Sucia como parte de una política de justicia transicional, a lo que el Estado no pudo responder afirmativamente.

Ante ello, las organizaciones representantes indicaron que “el tema de fondo es una transición fallida donde no hubo justicia transicional. ¿Dónde están los registros de todos los detenidos del Ejército, que la DFS le permitió tener?”. Las abogadas de la familia reiteraron que no hay elementos para creer que una solución amistosa llevaría al esclarecimiento de los hechos.

Abdallán Guzmán Cruz también resaltó que a partir de que el caso fue presentado ante la CIDH, ha sido hostigado e incluso su casa ha sido allanada.

Por su parte, las y los comisionados instaron al Estado a llevar a cabo la investigación y sanción de los responsables, que es lo que busca la familia, pues los representantes estatales enfocaban su atención al tema de la reparación.

La familia y las organizaciones acompañantes solicitaron que en el informe de fondo, la CIDH recomiende al Estado mexicano que tome todas las medidas necesarias para esclarecer, sancionar y reparar los hechos, tomando en cuenta las líneas de investigación y búsqueda que emergen de la documentación detallada oficial de las circunstancias y curso de las desapariciones forzadas, y que las violaciones denunciadas se insertan en el contexto de sistemáticas violaciones a derechos humanos durante la Guerra Sucia. Por otra parte, que establezca que para garantizar la no repetición de los hechos, es necesario transparentar y poner a disposición de la sociedad toda la documentación existente sobre la Guerra Sucia y garantizar una adecuada institucionalidad, capacidad técnica y sistema de controles en la nueva Fiscalía General de la Nación.

 

 

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