*Los representantes llamaron a que estos relevantes elementos tengan seguimiento, sean presentados ante tribunales y tengan consecuencias penales, situación que el Estado no he llevado a cabo.
Lima, Perú, 6 de julio de 2017. En la audiencia de oficio sobre el caso Ayotzinapa, celebrada hoy durante el 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció dos importantes elementos derivados de las recomendaciones del GIEI y que confirman la imposibilidad de la “verdad histórica”: que sí se investiga el trasiego internacional de drogas en autobuses y que teléfonos celulares de 9 de los 43 desaparecidos mantuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014, cuando supuestamente ya estaban incinerados de acuerdo a la teoría oficial del caso.
Al informar de estas conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR), el fiscal Alfredo Higuera Bernal detalló que o los chips o los aparatos telefónicos –toda vez que se pudieron rastrear algunos IMEI- registraron actividad en días posteriores a la desaparición. Los abogados de los normalistas cuestionaron por qué no se hizo este rastreo desde octubre y noviembre de 2014.
En cuanto al posible trasiego de drogas en autobuses –que podría haber sido parte del móvil del caso al haber tomado inadvertidamente los estudiantes uno de estos vehículos, de acuerdo con el GIEI-, los abogados de las familias indicaron que el llamado quinto autobús sí hizo el recorrido conforme a lo dicho por los normalistas desde el principio del caso.
Los representantes llamaron a que estos relevantes elementos, y otros que se deriven del cronograma entregado por la PGR a las familias y sus representantes en mayo, tengan seguimiento, sean presentados ante tribunales y tengan consecuencias penales, situación que el Estado no he llevado a cabo.
“Se confirma que el quinto autobús llegó prácticamente hasta el Palacio de Justicia y que fue interceptado por la policía. Sin embargo, ante los tribunales el Estado afirma que ese autobús se quedó afuera de la terminal, vandalizado por los estudiantes”, ejemplificaron.
Mario González, en representación de las familias de los normalistas, manifestó que el tiempo le ha dado la razón al GIEI pues el cronograma incluye sus recomendaciones. “El Estado cree que somos necios. Los padres solo aceptaremos pruebas científicas”, insistió. En este tenor, las familias informaron de su cansancio por la injustificable dilación de la justicia y exigieron que dicho cronograma se ajuste a efecto de que en agosto se entreguen resultados. “El tiempo se acaba”, advirtió don Mario González.
Cristina Bautista, madre de un normalista, consideró que, si no fuera por la intervención de la CIDH, el gobierno ya hubiera cerrado el caso. Denunció también que “el gobierno estuvo entretenido en espiarnos y a nuestros representantes y no en encontrar a nuestros hijos”, en referencia a las revelaciones de The New York Times de que el #GobiernoEspía a defensores y periodistas.
Al término, la CIDH refirió haber recibido una comunicación no pública de quienes fueran miembros del GIEI, quienes allegaron información sobre la recepción de mensajes en sus teléfonos similares a los que públicamente se han identificado como portadores de malware. Al respecto, los comisionados y comisionadas externaron su preocupación y requirieron información al Estado sobre el tema.