*«La impunidad con la que se ha cubierto éste y otros episodios indica que dar mayores facultades a los elementos militares solamente profundizará la grave crisis de derechos humanos» añadió #SeguridadSinGuerra.
Ciudad de México, 29 de junio de 2017. Hace ya tres años, en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Es tado de México, tuvo lugar uno de los hechos de graves violaciones a los derechos humanos que han marcado la historia reciente de México, cuando entre 8 y 12 personas fueron ejecutadas arbitrariamente a manos de elementos del Ejército, en un episodio que a pesar de su triste notoriedad no ha sido esclarecido.
El colectivo #SeguridadSinGuerra recordó que la impunidad con la que se ha cubierto la masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría suceder de prosperar los intentos por aprobar una Ley de Seguridad Interior que le de mayores facultades a las Fuerzas Armadas para operar en seguridad pública. Subrayaron que esa es una tarea reservada a civiles y contraria a la formación de marinos y militares, como han reconocido sus propios mandos y como lo demuestran los recientes hechos en Palmarito, Puebla.
También recordaron que en el caso Tlatlaya, ocurrido en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, las autoridades sostuvieron la versión de que los civiles habían muerto durante un enfrentamiento con los elementos del 102 Batallón de Infantería, hasta que el testimonio de una de las testigos y sobreviviente, aunado a pruebas recabadas por periodistas, reveló que la mayoría de los 22 fallecimientos se dio tras haberse rendido los civiles y que las autoridades encubrieron lo sucedido, además de coaccionar a las testigos para callar lo que presenciaron.
A pesar de que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 51/2014, acreditó que existió privación arbitraria de la vida en contra de los civiles, el deficiente trabajo de la Procuraduría General de la República y la condescendencia del Poder Judicial de la Federación ha provocado que al día de hoy no haya nadie rindiendo cuentas por este delito.
Por eso, desde #SeguridadSinGuerra denunciaron que no se haya esclarecido ni siquiera el número de víctimas. Explicaron que en mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de formal prisión contra los tres soldados acusados de homicidio calificado al considerar que se requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin que la PGR haya hecho mayores esfuerzos hasta ahora por perfeccionar la indagatoria. La resolución del tribunal no significa una exoneración, pero a pesar de los ofrecimientos de pruebas y propuestas de diligencias por parte de la coadyuvancia, no existe en el expediente un avance sustancial.
En segundo lugar, apuntaron que tampoco ha sido esclarecida la alteración de la escena del crimen -que la CNDH advirtió que ocurrió “al grado tal que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo”- ni las responsabilidades por este encubrimiento señaladas,[1] a pesar de que existen elementos de prueba como el oficio CNDH/CGSRAJ/USR/2648/2016 de 29 de noviembre de 2016, mediante el cual la CNDH ofreció a la PGR como prueba imágenes fotográficas provenientes del portal Aristegui Noticias. La propia defensa de Clara Gómez identificó al menos 19 alteraciones en los cuerpos de las víctimas al cotejar las fotografías contenidas en el expediente de la causa penal militar 338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar, y las que se encuentran en el expediente de CNDH.
Como tercer elemento añadieron la falta de acciones para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh hace ya dos años. Inmediatamente después de la develación de esta orden militar que incentiva la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, Clara Gómez y el Centro Prodh ofrecieron una serie de pruebas a fin de deslindar responsabilidades en razón de la cadena de mando, con señalamientos concretos de qué funcionarios deberían citarse a declarar; y determinar el origen de la misma. Veinticuatro meses después, la PGR, dentro de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014, no ha llamado a declarar a los mandos relacionados con la Orden de Relevo citada, con excepción del Teniente Coronel de Infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien afirmó que el documento es un “machote” y que existen otras órdenes con las mismas instrucciones. De ser cierta esta afirmación, el Ministerio Público de la Federación debería identificar la identidad del autor de dicho “machote” o del mando que debió supervisar tales órdenes.
Frente a estas omisiones, explicaron Clara Gómez ha tenido que interponer una demanda de amparo por la falta de debida diligencia, que se encuentra en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 545/2017.
Finalmente, añadieron que la impunidad con la que se ha cubierto éste y otros episodios nos indica que dar mayores facultades a los elementos militares para intervenir en seguridad pública es un camino que solamente profundizará la grave crisis de derechos humanos que padecemos los mexicanos.
Concluyeron manifestando que la falta de justicia a tres años de un hecho tan emblemático como la masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría incentivarse si las y los legisladores aprueban la Ley de Seguridad Interior, y es un llamado de atención hacia las fallas estructurales en la procuración e impartición de justicia en México, especialmente cuando están involucrados servidores públicos en la comisión de graves delitos.