*Sin investigación de por medio, el titular del Ejecutivo exoneró a su gobierno y pidió «todo el peso de la ley» para quienes hicieron las denuncias que él considera falsas.
Ciudad de México, 22 de junio de 2017. Ante la exoneración anticipada que hizo de su gobierno el Presidente Enrique Peña Nieto en cuanto a las acusaciones de espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos, sumada a la petición de aplicar todo el peso de la ley a quienes hicieron las denuncias «falsas», las organizaciones que documentaron o denunciaron las intervenciones ilegales advirtieron que se trata de una amenaza inaceptable en un Jefe de Estado y de una condena al fracaso a la investigación.
En un discurso pronunciado en el marco de la inauguración de un parque industrial, el Presidente Peña Nieto rechazó la vulneración de la privacidad de todas las personas, ordenó una investigación y aceptó que el Estado mexicano efectivamente cuenta con la tecnología de espionaje Pegasus, que de acuerdo con el reportaje de The New York Times fue utilizada para espiar a activistas y periodistas y que solamente se vende a gobiernos.
Sin embargo, advirtieron las organizaciones, sin esperar a que la investigación siquiera iniciara, el Presidente condenó al fracaso la indagatoria al afirmar que “resulta muy fácil señalar y apuntar; resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía, como una entidad que espía. Nada más falso que eso”. Al calificar como falsas las denuncias sin tener elementos para ello, advirtieron las y los afectados, Peña Nieto exoneró de antemano a su gobierno de cualquier responsabilidad y puso en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva.
«En segundo lugar, el Presidente de la República normaliza la gravedad de las denuncias y minimiza las consecuencias en la vida de las personas que han denunciado las intervenciones, al señalar que ‘Ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje'», lamentaron las organizaciones. «Como se ha documentado y denunciado, los intentos de espionaje registrados afectan en la vida personal e íntima de las personas espiadas, generando incertidumbre y zozobra. La vigilancia impacta en el ejercicio de libertades y es un mecanismo efectivo para el control de la información», recordaron.
En tercer lugar, destacaron en un comunicado ARTICLE 19, Social Tic, R3D, IMCO, El Poder del Consumidor y el Centro Prodh, el Primer Mandatario realizó una afirmación en extremo grave al aceptar que él mismo podría ser objeto de espionaje. «Para provenir de un Jefe de Estado, una aceptación así de pasiva de las intervenciones ilegales es alarmante. La seguridad de las comunicaciones del Presidente interesan a la estabilidad del Estado, por lo que la ligereza con que el Titular Ejecutivo acepta su vulnerabilidad, confirma que en México la vigilancia está fuera de control y debería motivar una profunda investigación», abundaron.
La amenaza llegó cuando el titular del Ejecutivo indicó: “Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”. Para las organizaciones, esta declaración denota una deriva autoritaria. «Cuando el Presidente de un país pide que se aplique todo el rigor de la ley a quienes acuden a las instituciones para denunciar los delitos que resienten, se vulnera la esencia misma de la democracia, que son los contrapesos y la rendición de cuentas. Esta amenaza, impropia de un jefe de Estado, despierta la más alta preocupación y ya se ha puesto en el conocimiento de las principales instancias de derechos humanos a nivel global», advirtieron.
Las organizaciones reiteraron que la única forma de asegurar una investigación profunda y real es mediante la conformación de un panel independiente de expertos que en todo caso hagan escrutinio de la acción o inacción de la PGR al respecto, además de transparentar los contratos firmados con empresas de espionaje.
Por la noche, trascendió que funcionarios de la Presidencia habrían llamado al autor del reportaje para decirle que había habido una equivocación pues no se le quiso amenazar, mientras que el propio titular del Ejecutivo intentó matizar sus palabras al declarar que no perseguiría a quienes interpusieron la denuncia.