* La oposición demandó ante el pleno de la Comisión Permanente que Enrique Peña Nieto fije de manera pública su postura y la de su gobierno contra el espionaje.
Ciudad de México, 22 de junio de 2017. Ante la “deficiente respuesta” y la evidencia de que el “espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación y que constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder”, más de 200 organizaciones nacionales e internacionales y 250 personalidades exigieron rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje a periodistas y activistas, apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes y sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, vulneraron ilegalmente la privacidad de estos actores sociales.
En su misiva pública, las personas y organizaciones también exigieron reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas.
El lunes 19 de junio fue publicada una investigación, recogida por el diario The New York Times, que demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción. Los hechos fueron denunciados formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las personas que sufrieron los ataques y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a instituciones involucradas. La respuesta del Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República fue subir una imagen a Twitter de una carta dirigida al diario donde afirma que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”.
Las y los firmantes de la carta señalaron que ante la evidencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuentan con herramientas de espionaje, corresponde al gobierno mexicano esclarecer los casos con precisión y exhaustividad y determinar cuáles son las razones que motivan el espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos en México. Reiteraron que las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. “Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta”, concluyeron.
Por su parte, la oa oposición demandó ante el pleno de la Comisión Permanente que se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para llevar a cabo una comisión independiente con credibilidad, y que en las pesquisas participen las personas espiadas. Exigieron también que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fije de manera pública su postura y la de su gobierno.
*Consultar comunicado íntegro y adhesiones aquí.