* CNDH solicita medidas cautelares para los afectados.
Ciudad de México, 20 de junio de 2017. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Nacione Unidas para los Derechos Humanos llamó al Estado mexicano a conducir una investigación independiente para esclarecer los hechos de espionaje contra periodistas y defensores revelados por The New York Times, «incluyendo a cualquier institución pública que pudiera haber estado implicada». Human Rights Watch agregó que «el gobierno debería asegurar que rindan cuentas todos aquellos que se determine que son responsables del uso del programa contra activistas y periodistas».
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que la labor de periodistas y defensores «no es un crimen y el espionaje sobre estas actividades es ilegal y no puede justificarse. Estas acciones deben ser investigadas pronta y adecuadamente”. La organización alertó de la combinación de vigilancia selectiva, las nuevas tecnologías para amenazar y silenciar a las personas, el uso indebido de las leyes y represión de protestas pacíficas, que han creado un nivel de peligro sin precedentes para los activistas de derechos humanos.
“Es sumamente preocupante que este tipo de sofisticadas armas cibernéticas puedan usarse contra ciudadanos de a pie, sobre todo cuando se trata de defensores de derechos humanos y periodistas que se dedican a denunciar corrupción y abusos”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno mexicano ha negado cualquier responsabilidad en estos hechos, pero debe esforzarse mucho más para determinar quiénes fueron los responsables, llevarlos ante la justicia y asegurarse que esto no vuelva a ocurrir».
Personalidades como Edward Snowden también se pronunciaron en las redes sociales, llamando al caso de espionaje «un crimen contra el público». La esposa del periodista asesinado Javier Valdez, Griselda Triana, señaló al recibir la Placa de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) para su esposo, que es necesario que Enrique Peña Nieto “salga de su burbuja y ofrezca resultados” por los crímenes, “en lugar de espiar periodistas y luchadores sociales”.
Por su parte, al solicitar medidas cautelares para las personas afectadas, la CNDH requirió a SEDENA, SEMAR, PGR y SEGOB implementar acciones para que en caso de poseer programas para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos y computadoras, se abstengan de emplearlo contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional. Se solicitó también que, en caso de haberse obtenido información mediante este tipo de programas, se abstengan de utilizarla o difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias competentes; a la PGR se le pidió que instruya al personal ministerial que conozca las denuncias presentadas por los ahora agraviados para que realice la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.