* Víctimas de la vigilancia ilegal presentan denuncia en la PGR y solicitan medidas cautelares; exigen saber qué se hará con la información recabada ilegalmente.
Ciudad de México, 20 de junio de 2017. Periodistas y defensoras de derechos humanos afectados por espionaje ilegal mediante el malware Pegasus, que se vende solamente a gobiernos para vigilancia del crimen organizado y el terrorismo, presentaron una denuncia conjunta ante la Procuraduría General de la República (PGR), solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y exigieron saber qué uso se le da a la información recabada ilegalmente ante lo que denominaron «una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción».
Las y los objetivos del espionaje -de acuerdo con un reciente reportaje del influyente diario estadounidense The New York Times– pidieron que se hagan transparentes todos los contratos existentes con la empresa NSO Group, quien comercializa el spyware Pegasus, y que se abra una investigación independiente con supervisión externa, además de que el poder judicial aclare si autorizó el espionaje.
John Scott Railton, de Citizen Lab -el laboratorio canadiense que realizó el estudio técnico del malware-, explicó que el teléfono se infecta automáticamente con el spyware al hacer click en los enlaces de unos mensajes de texto personalizados. Así, el teléfono se convierte en un espía de bolsillo con capacidad de extraer información de cualquier detalle de la vida cotidiana de una persona. Las organizaciones que elaboraron el informe al respecto señalaron que existe evidencia de que agencias gubernamentales mexicanas (como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la propia PGR e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional9 adquirieron el software durante este sexenio.
La periodista Carmen Aristegui señaló que «en los momentos que el Gobierno tenía que haber salido a dar explicaciones sobre matanzas y corrupción, su respuesta fue el espionaje», y recordó a sus colegas asesinados: «No sabemos si las periodistas asesinadas fueron antes espiadas; a la luz de lo que estamos viendo tenemos derecho a pensarlo».
Mario Patrón, director del Centro Prodh, explicó que la agenda del centro es pública y reiteró que, a pesar de tener concedidas medidas de protección, la mejor medida es la no impunidad y la investigación. Las intervenciones contra sus teléfonos se dieron en el marco de momentos decisivos de los casos Ayotzinapa, Tlatlaya y Atenco, mientras que las de los activistas del Instituto Mexicano para la Competitividad fueron acosados en torno a su trabajo para la promulgación de leyes anticorrupción.
El periodista Carlos Loret de Mola, que fue objeto de los ataques mientras investigaba la masacre de Tanhuato, expresó que el objetivo del espionaje es «que nos sintamos vulnerables», mientras Aristegui se pronunció en la misma dirección: «el objetivo, lejos del spyware, es instalar el miedo». «Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta», finalizaron las organizaciones.
Por la tarde trascendió la respuesta de la Presidencia de la República a través de un funcionario menor, que mediante twitter publicó la fotografía de su respuesta al The New York Times; en ella, antes de que se inicie la investigación, se argumenta que no hay pruebas de que el gobierno sea quien espía. Sin embargo, una característica del software Pegasus es que no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.