Urge que Estado y empresas acaten informe sobre derechos humanos realizado por ONU: OSC

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* El informe de la ONU señaló que “la urgencia de atraer inversiones y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad”.

Ciudad de México, 13 de junio de 2017. Organizaciones de la sociedad civil y defensoras y defensores medioambientales llamaron a que, tras el informe presentado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas transnacionales, empresas y Estado tomen acciones urgentes.

Las organizaciones recordaron que el informe de la ONU señala responsabilidades tanto en empresas como en el Gobierno: “las empresas no reportan lo que hacen para detectar y prevenir las consecuencias negativas de sus acciones sobre los derechos humanos” y el Gobierno “todavía no ha trazado pautas claras, ni ha fijado expectativas definidas para las empresas en relación con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades”. Esto se ejemplifica, entre otros, en el caso del Río Santiago, al cual, según señalaron las organizaciones, las empresas “tiran lo que les da la gana y en cantidades que quieran” contando con la impunidad, complicidad y protección de las autoridades; recordaron que en la zona del Rio Santiago, donde operan al rededor de 300 industrias, más de 600 personas han muerto por contaminación industrial.

También señalaron que el informe de la ONU exige que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la OIT, especificando que “las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”. Frente a ello, Sociedad Civil denunció que en 32 de los 68 casos documentados de abusos por parte de empresas se vulneró el derecho a la tierra y el territorio y en 28 casos, el acceso a la información; también subrayaron que, como en el caso de San Salvador de Atenco, aunque exista una demanda de amparo y en curso contra la construcción del aeropuerto, ésta no incluye la suspensión de las obras.

El Grupo de Trabajo de la ONU también denunció que “con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas”. Desde la sociedad civil denunciaron que se pasara por alto la existencia de sicarios y fuerzas paramilitares a sueldo de empresas que hostigan y fracturan las comunidades. Mario Luna, vocero comunidad yaqui de sonora y opositor al acueducto Independencia, explicó que “nosotros, en el ejercicio de nuestros derechos, hemos sido criminalizados, satanizados”. Ante ello, defensores y sociedad civil exigieron que tanto el Estado, como las empresas, lleven a cabo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU y que “los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán.”

Finalmente, miembros de OSC y defensores apuntaron que el informe de la ONU abordó muy pocos casos y que puedo hablar más sobre cómo se relacionan empresas y autoridades, derechos laborales, proyectos turísticos, impactos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas, en la mayoría de casos defensores y garantes del medio ambiente.

*Consultar nota de prensa aquí.

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