* Las comunidades mayas consideran que la consulta fue un montaje concertado para promover la división.
Ciudad de México, 31 de mayo de 2017. Las comunidades mayas implicadas en la consulta sobre la siembra de transgénicos denunciaron que la sexta sesión de acuerdo previos fue un montaje concertado para promover la división y defender la siembra de transgénicos.
El pasado 27 de mayo de 2017 se llevó a cabo la sexta sesión de acuerdos previos de la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la liberación al medio ambiente de la soya transgénica en el territorio maya de los Chenes. La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) propuso suspender la sesión reconociendo que no había condiciones para garantizar la libertad del proceso de consulta debido a las intimidaciones dirigidas a los representantes de las comunidades y a sus asesores por parte de unas 100 personas acarreadas de la comunidad de Iturbide y productores de soya transgénica.
Durante la sesión CIBIOGEM, respaldada por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se quiso retractar sobre los acuerdos con los que se había avanzado en el proceso de consulta indígena. Además, los representantes de las comunidades externaron su preocupación de que la CIBIOGEM y CDI estuvieran saboteando el proceso de consulta con la intención de dividir a las comunidades. Denunciaron que, durante la sesión, Sol Ortíz interrumpió continuamente a los representantes de las comunidades, amenazó a una de las asesoras legales de las comunidades, y también trató de confundir a los asistentes diciendo que sólo había 15 comunidades presentes de las 34 que vienen al proceso de forma conjunta, aún cuando eran 29 comunidades presentes, suficientes para lograr acuerdos y avanzar en la consulta. Por ello, los asesores de las comunidades y observadores expresaron que el cuestionamiento de la representatividad en esta etapa del proceso violenta el principio de buena fe que debe guiar todos los procesos de consulta indígena.
José Gaspar, un representante de las comunidades externó que el comportamiento de las autoridades comprobaba que el gobierno no venía con el interés de los pueblos en el corazón sino que buscaba proteger los intereses de otros y su dinero.
Leydy Pech Martín, una de las líderes de las comunidades, solicitó a Cibiogem México y Delegación Cdi Campeche que hicieran un esfuerzo por respetarlos y tratarlos como es debido, aunque sus solicitudes no fueran atendidas por las autoridades. “Sin un diálogo intercultural, buena fe, y libertad, ésta consulta se desmorona bajo la responsabilidad de las autoridades y sin que las comunidades puedan hacer algo al respecto,” declaró al respecto Jorge Fernández, asesor legal de las comunidades.
En 2012, Monsanto pidió autorizaciones para la siembra de soya transgénica resistente al herbicida glifosato en los municipios campechanos de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada, a lo que se opusieron las comunidades mayas y apicultores. El 4 de noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte falló a favor de comunidades de Yucatán y Campeche al suspender el permiso otorgado por la Sagarpa a la empresa para la siembra comercial de 253 mil 500 hectáreas de soya genéticamente modificada en siete entidades del país, incluyendo a las tres que integran la Península de Yucatán. De acuerdo con la sentencia de la SCJN, las autoridades federales violaron el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas de Yucatán y Campeche, por lo que el permiso de siembra de soya genéticamente modificada fue suspendido hasta que se realice la consulta.