Unánime condena de organizaciones de derechos humanos por el homicidio de Miriam, activista y madre de desaparecida

Exigen ONU-DH, Amnistía Internacional y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México una investigación eficaz. 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2017.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH), Amnistía Internacional (AI) y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México condenaron el asesinato de Miriam elizabeth Rodríguez Martínez, madre de desaparecida y activa promotora de los grupos de familiares en búsqueda.

El 10 de mayo, hombres armados ingresaron a la casa de la fundadora del Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando, Tamaulipas, y le dispararon en 12 ocasiones. Apenas en marzo pasado, Enrique Yoel Rubio Flores, uno de los secuestradores de su hija, se fugó del penal de Ciudad de Victoria. La activista había advertido a las autoridades del peligro en el que se encontraba pero no le fueron proporcionadas medidas de protección.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México solicitó al Grupo de trabajo de desapariciones forzadas e involuntarias de Naciones Unidas, al Relator especial de defensores de derechos humanos y al relator especial sobre ejecuciones sumarias y arbitrarias que soliciten de manera urgente medidas cautelares para proteger a la familia de Miriam y a los miembros de la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, por el riesgo a la vida, integridad y seguridad.

La ONU-DH recordó al gobierno mexicano que tiene la responsabilidad de garantizar que “todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”, y señaló que Tamaulipas es el estado con mayor número de desaparecidos en el país.

Amnistía Internacional señaló que “la pesadilla a la que son sometidos (los familiares de desaparecidos) al no saber la suerte o paradero de sus familiares y los peligros que enfrentan en su labor, que realizan dada la negligente respuesta de las autoridades, son alarmantes”.

Las organizaciones exigieron la investigación inmediata e imparcial del asesinato.