* Informe de organizaciones alerta que México «fomenta la sobreexplotación del agua otorgando concesiones a industrias extractivas y permitiendo contaminar mientras se pague».
Ciudad de México, 11 de mayo de 2017. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre agua potable y saneamiento, Leo Heller, exhortó al Gobierno mexicano a ampliar y mejorar urgentemente el acceso al agua y al saneamiento para que sea asequible también para comunidades marginadas e indígenas que tienen escaso acceso debido a un insuficiente sistema nacional de agua y saneamiento.
“Un barrio marginado en la Ciudad de México depende del uso de burros para transportar agua, mientras que otras comunidades de la ciudad denunciaron que el agua en sus localidades es desviada para altos usos comerciales, residenciales y turísticos”, apuntó el experto en la presentación del informe preliminar de su visita a México, realizada entre el 02 y el 12 de mayo. El Relator Especial presentará el informe final sobre sus hallazgos y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2017.
El experto alertó que las prácticas de fracking impactan «directa o indirectamente» en la calidad del agua potable y en la protección de la salud de las áreas afectadas, declarando que a lo largo de su visita fue informado de la contaminación y polución de fuentes de agua debido a factores que incluyen la minería y proyectos industriales, plantas hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos, incluyendo el uso de fracking en algunos estados, así como el uso indiscriminado y sin control de pesticidas
Durante su visita, Heller declaró que fue informado de la contaminación y polución de fuentes de agua debido a factores que incluyen la minería y proyectos industriales, plantas hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos, incluyendo el uso de fracking en algunos estados, así como el uso indiscriminado y sin control de pesticidas, por lo que alertó que las prácticas de fracking impactan «directa o indirectamente» en la calidad del agua potable y en la protección de la salud de las áreas afectadas. Las valoraciones recogidas en el informe son fruto de sus reuniones con representantes del Gobierno federal y con autoridades estatales y municipales, así como con miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas, y charló con numerosos residentes sobre su acceso a estos esenciales servicios de agua y saneamiento.
En el marco de la visita del Relator a México, diversas redes y comunidades presentaron un informe fruto del trabajo de diez años, en el que documentan distintas maneras en que el Estado mexicano viola los derechos al agua a lo largo del país. «El derecho al agua segura, suficiente, limpia y accesible para el uso personal, doméstico y productivo es reconocido como uno de los derechos humanos básicos de todas las personas», destaca el informe sobre violaciones de los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México (Informe DHAyS). Sin embargo, apunta a que el ejercicio de este derecho se ve obstaculizado por las desigualdades sociales existentes derivadas de la clase social, el sexo, la etnia, y otras.
Según dicho informe, en la creación y perpetuación de las desigualdades incide que el modelo actual de gestión del agua en México esté configurado alrededor de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por lo que se establece un modelo de gestión del agua centralizado desde donde se fortalece la privatización y entrega del agua a la iniciativa privada. Por ello, señala que la actuación de la CONAGUA es reprobable ya que obstaculiza el cumplimiento de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento (DHAyS), por ejemplo financiando de manera desigual el acceso al agua, pues la inversión de infraestructura de las zonas rurales aumentó de apenas 2600 millones mientras que en las zonas urbanas la inversión aumentó de más de 15000 millones de pesos en el mismo periodo. Por ello, sobre éste aspecto concluyen que en México prevalece un modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece a los negocios muy particulares y que, además, «fomenta la sobre explotación y contaminación del agua otorgando miles de concesiones a industrias extractivas y permitiendo contaminar mientras se pague».
En lo referente a los acuerdos de privatización que se han dado en México, “promovidos por el Banco Mundial y elaborados por las empresas privadas o sus consultores”, el estudio muestra que éstos “han sido injustos para los municipios y las y los usuarios, anti-económicos, dañinos al medio ambiente y opacos, además de no asegurar el respeto a los DHAyS”. Denuncian que no tienen en cuenta principios básicos como el manejo del agua “como bien social y cultural y no como un bien económico”.
El estudio también trata el tema del fracking o fractura hidráulica, práctica que permiten las recientes reformas a la ley minera y energética, y su impacto en el derecho humano al agua. Advierte de las consecuencias de su práctica, como las evidencias que confirman que la perforación y el fracking «son una amenaza inherente a las aguas subterráneas y han contaminado fuentes de agua potable debido a fallas en la cementación de los pozos y otras rutas de contaminación».
Las organizaciones que elaboraron el informe destacaron que el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, Michel Forst, en su reciente visita a México señaló que “las comunidades indígenas que protegen sus tierras tradicionales, codiciadas por aquellos que buscan el desarrollo de megaproyectos y la explotación de los recursos naturales, frecuentemente se han enfrentado a cargos criminales por protestar contra esos proyectos, incluso si es evidente la falta de una consulta previa y significativa»; por lo que el informe alerta de la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, ya que en 2016 se registraron 63 ataques en contra de las personas que defienden el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna.
*Consultar el informe DHAyS íntegro aquí.
*Consultar informe preliminar de la ONU aquí.