* La organización lamentó no haber sido informada sobre planes dirigidos hacia el retiro gradual de la Fuerzas Armadas y para la recuperación de las tareas de seguridad ciudadana por parte de las policías civiles.
Ciudad de México, 2 de mayo de 2017. En su informe anual 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó “no haber sido informada sobre planes dirigidos hacia el retiro gradual de la Fuerzas Armadas y para la recuperación de las tareas de seguridad ciudadana por parte de las policías civiles” en México, y mostró preocupación por el hecho de que las Fuerzas Armadas no registran cifras sobre personas muertas y heridas en sus operaciones, lo que permitiría hacer pasar por enfrentamientos lo que en realidad son ejecuciones extrajudiciales.
La CIDH destacó la crisis de violencia e inseguridad en México, señalando que las graves situaciones aumentaron en el inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente muerte de más de cien mil personas desde el 2006. El informe señala que como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades optaron por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo que desató mayor violencia y violaciones graves a los derechos humanos, casos en los cuales la Comisión observó una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales.
En cuanto a la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la CIDH instó a la Visitaduría Interna de la Procuraduría General de la República (PGR) “a investigar las presuntas irregularidades que han sido denunciadas, o a través de dicha publicación, o por los familiares de las víctimas, o por otras fuentes con el fin de salvaguardar la integridad de la investigación”. Recordó que “la CIDH y el Grupo Internacional de Expertos Independientes han sostenido la importancia de investigar debidamente los indicios de involucramiento de varias fuerzas de seguridad en los sucesos” y que, pese a los informes del GIEI, existirían muchos puntos a resolver, ya que “no se estarían tomando en consideración la implementación de todas las medidas relacionadas con la investigación de un posible quinto bus y su implicación con el presente asunto; no se habrían tomado las declaraciones testimoniales pendientes, entre las que se encuentran las entrevistas con los integrantes del 27 Batallón del Ejército; existirían supuestos obstáculos en las investigaciones relacionadas con alegados casos de torturas encontrados y aquellos temas relacionados con presunta obstrucción de justicia; existirían serios desafíos en la implementación de pruebas científicas y periciales; entre otros temas relacionados”.
La Comisión constató los niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares, por lo que exhortó al Estado a crear un “Registro Único Nacional de personas detenidas y a asegurar que se aplique el Protocolo de Estambul a nivel nacional por autoridades competentes e independientes en forma expedita”. En relación a las continuas irregularidades denunciadas por colectivos de búsqueda de desaparecidos realizadas en el contexto de exhumaciones o a la hora de identificar los cuerpos, la CIDH reiteró que “es prioritario que el Estado mexicano considere la creación de un Instituto Nacional Forense, independiente de injerencias políticas y de otra índole, y que se rija estrictamente por criterios técnicos y científicos”.
La CIDH identificó la falta de acceso a la justicia como uno de los factores que “ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Como desafíos urgentes mencionó eliminar las barreras en el acceso a la justicia, y crear “un sistema de defensorías públicas independientes, capacitados en el nuevo sistema y con suficientes recursos también será fundamental para que el nuevo sistema de justicia funcione de acuerdo a sus objetivos”. El reto del Estado mexicano es “cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su reconocimiento a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva” concluyó la Comisión sobre este aspecto.
En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado mexicano reconoció la labor, los mecanismos y las herramientas de los órganos del sistema interamericano y reiteró su compromiso de dar seguimiento y atender las recomendaciones de la Comisión. Por su parte la CIDH también reafirmó su compromiso “de colaborar con el Estado mexicano en la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos identificados, y de brindar acompañamiento en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.