* Desde el Comité Samuel Ruiz señalaron que el abandono gubernamental de las comunidades aventaja a los empresarios mineros para promover servicios sociales a cambio de la aceptación de sus proyectos.
Ciudad de México, 27 de abril de 2017. El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” manifiestó su preocupación ante la estrategia implementada por empleados mineros para que los y las campesinas del ejido Ricardo Flores Magón, municipio de Chicomuselo, quienes se oponen a la actividad minera, accedan finalmente a facilitarles el paso a su comunidad. En un comunicado emitido por el Comité, revelaron que el Dr. Alfonso Alarcón se presentó en el ejido y, tras informar que posee concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo que pretende explotar en los próximos meses, ofreció regalos para el Día del Niño y 50 mil pesos para que la el festejo del 10 de mayo “Día de las Madres”, además de la construcción de obras sociales como el agua potable, clínica o el Colegio de Bachilleres entre otros.
Informaron que Alarcón explicó, ante unas 70 personas, que para lograr los anteriormente mencionados beneficios deberían firmar un acta de acuerdos sellada por un notario público donde se le permiten el paso a la comunidad. Añadió también la necesidad de contar con una comisión de personas que se encarguen de protegerlo en su paso por las comunidades.
Desde el Comité Samuel Ruiz señalaron que el abandono gubernamental de las comunidades aventaja a los empresarios mineros para promover servicios sociales a cambio de la aceptación de sus proyectos. También recordaron que más de una vez han insistido en reclamar a los distintos niveles de gobierno su responsabilidad e intervención en el presente asunto, ante la divisón que está provocando en algunas comunidades la actividad minera.
En consecuencia, exigieron el cumplimiento de los acuerdos firmados entre “Comisariados Ejidales, ejidatarios inconformes y dependencias involucradas con el objetivo de lograr el restablecimiento de la paz social en el municipio”. Reiteraron que es obligación del estado promover, respetar y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos plasmados en normas nacionales e internacionales. Igualmente pidieron que se “garantice la integridad y seguridad de las personas y colectivos que trabajan en la defensa de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el municipio, estado y país”.
Finalmente recordaron que la oposición de las comunidades del municipio de Chicomuselo a proyectos mineros inició en el año 2008, debido a los daños ambientales ocasionado por la minera canadiense Blak Fire. Organizados actualmente como sociedad civil, realizan operativos de vigilancia para detener la entrada de empresas mineras, por lo cual desde el Comité advirtieron que la aceptación de la propuesta estaría promoviendo un mayor enfrentamiento entre campesinos.