*Urge a las autoridades a priorizar el análisis de telefonía, la indagación de la participación de distintas autoridades y del Ejército y policías federales, así como la profundización de la línea de trasiego de drogas en autobuses.
Ciudad de México, 24 de abril de 2017. El Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa manifestó su preocupación por la falta de celeridad de las autoridades mexicanas para alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Las y los integrantes del Mecanismo también advirtieron que las declaraciones de altas autoridades que llaman a considerar válida la hipótesis del basurero de Cocula -teoría ya descartada científicamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) – sin pruebas ni contraste de informaciones provoca mayor distancia frente a las víctimas y sus familiares.
En su segunda visita de trabajo de seguimiento a las medidas cautelares concedidas a los normalistas y a las recomendaciones del GIEI, el mecanismo urgió al Estado mexicano a alcanzar avances satisfactorios en cuatro puntos prioritarios: examinar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos y profundizar en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno; realizar el análisis de telefonía y determinar al menos quiénes son “el Caminante” y “el Patrón”, así como profundizar la investigación del papel del Ejército en los hechos; avanzar en la investigación de dos policías federales individualizados como presuntos responsables de encubrimiento; y profundizar con urgencia la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes hacia los Estados Unidos.
Los integrantes de la CIDH lamentaron que a pesar de que ya pasaron dos años y siete meses de los hechos y de que se han dedicado gran cantidad de recursos, aún no se haya dado con el paradero de los 43 jóvenes. Señalaron que es de especial gravedad el tema de la investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR), que en un inicio identificó graves faltas de funcionarios que afectaron el derecho a la verdad pero que fue cambiada -junto con el responsable de elaborarla- por una en la que solamente se señalan faltas leves.
La PGR ofreció a los integrantes del Mecanismo un cronograma de realización de las diligencias pendientes prácticamente desde hace un año, cuando el GIEI entregó su segundo informe y realizó recomendaciones. Por su parte, las familias se encuentran en plantón permanente frente a la procuraduría.