* «México necesita fuerzas policíacas capacitadas y funcionarios eficaces en los distintos niveles de gobierno para combatir al crimen organizado», Jonathan D. Rosen y Roberto Zepeda analizan los diez años de la «guerra contra el narcotráfico» en uno de los capítulos del Atlas.
Ciudad de México, 19 de abril de 2017. El Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016, realizado por Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), tiene el propósito de integrar la información disponible producida por fuentes del gobierno mexicano, instituciones académicas como universidades y centros de investigación, y organizaciones de la sociedad civil. El informe, al que preceden las ediciones 2009 y 2012, pretende erigirse a lo largo de 500 páginas como herramienta fundamental para la toma de decisiones tanto desde el ámbito legislativo, como de las autoridades responsables en los tres niveles de gobierno, así como para los académicos que emplean esta información en sus análisis, para la prensa y la ciudadanía en general.
Raúl Benítez Manaut es el encargado de abordar el tema de los modelos policíacos en México y el debate sobre la seguridad pública. Sobre la militarización el autor afirma que “Uno de los cuestionamientos frecuentes a la militarización o semimilitarización de los cuerpos policíacos consiste en afirmar que, si no hay un intenso trabajo de educación basado en los derechos humanos, lo que se logra es una policía profesional pero con una elevada probabilidad de que utilice desproporcionadamente la fuerza y, con ello, se produzcan violaciones a los derechos humanos». El autor manifiesta que la presencia semipermanente de las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público desde hace casi veinte años ocasiona que éstas actúen sin controles efectivos, favoreciendo así la posibilidad de que se produzcan violaciones a los derechos humanos porque operan con impunidad, “como producto que son de las instituciones de seguridad conformadas durante el siglo XX, propias de un sistema político no democrático”.
En el capítulo dedicado a los diez años de la llamada “guerra al narcotráfico”, Jonathan D. Rosen y Roberto Zepeda explican que la elección del presidente Enrique Peña Nieto albergó un signo de esperanza en muchos mexicanos de que la estrategia de la lucha contra las drogas se modificaría y la violencia disminuiría, aunque una década más tarde la violencia sigue presente en las calles mexicanas y el número de víctimas permanece en altos niveles. Según los autores, “México aún enfrenta graves desafíos, a saber: instituciones débiles, corrupción e impunidad, que deben ser superados antes de diseñar cualquier estrategia de combate al crimen organizado. De lo contrario, es muy probable que las calles de México se sigan salpicando de sangre en los próximos años”. La recomendación de ambos expertos señala que México necesita fuerzas policíacas capacitadas y funcionarios eficaces en los distintos niveles de gobierno para combatir al crimen organizado y augura que “si no se producen cambios drásticos en todo lo antes mencionado, entonces es muy probable que en 2018 México termine el sexenio con mayores índices de violencia y más derramamiento de sangre”.
Mariclaire Acosta analiza, a lo largo de un capítulo, las proclamas y realidades de los derechos humanos en México, donde recuerda que las fuerzas de seguridad del Estado han sido señaladas, con fundamento, de haber cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos pero en ninguno de estos incidentes ha sido plenamente esclarecido, y todos ellos permanecen impunes. Se refiera a “los brutales acontecimientos de los últimos años en sitios que han cobrado una triste celebridad como Tlatlaya o Ayotzinapa” , donde normalistas “fueron detenidos y desaparecidos por policías municipales con la aquiescencia y colaboración de policías estatales, federales y miembros de las fuerzas armadas” o las masacres de Apatzingán, Tanhuato y Nochixtlán, en donde “elementos de la Policía Federal han abatido a tiros a numerosos civiles, para citar apenas unos cuantos sucesos, son una muestra palpable de lo alejado que están los derechos humanos de la acción gubernamental”. Por ello la autora hace referencia al “índice de letalidad”, y extrae los datos según los cuales, entre 2009 y 2013, se registraron más de quince civiles muertos por cada miembro de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos entre estas últimas y los presuntos delincuentes, “lo cual alerta sobre el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales”.
La impunidad constituye así uno de los principales ejes del artículo de Acosta, que recuerda el registro de 26 mil personas desaparecidas registradas en 2015, de las cuales se desconoce cuántas pueden ser desapariciones forzadas debido a graves omisiones en la recolección y sistematización de información al respecto; “a pesar de la magnitud del fenómeno, a la fecha sólo se han emitido seis sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada” concluye.
*Consultar informe completo aquí.