*El hecho de que todos los mecanismos de control hayan sido anulados manifiesta el carácter estructural de la impunidad, señalan las organizaciones.
Ciudad de México, 3 de abril de 2017. Al presentar la Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la persistencia de un pacto de impunidad del que gozan las élites políticas y la falta voluntad para romperlo.
Desde el colectivo, formado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, organizaciones anticorrupción, académicos y periodistas, se apuntó a que la clase política ha encontrado la forma de neutralizar todos los mecanismos de responsabilidad a los que está obligada y la impunidad se ha vuelto estructural. La creación de la Plataforma busca reunir espacios, conocimiento y fuerza para potenciar la capacidad de incidencia, investigar delitos y actos administrativos ilegales y de sancionar a los responsables tanto intelectuales como materiales. El camino será la promoción de acciones colectivas y la movilización ciudadana, así como investigaciones que obtengan evidencia y muestren los patrones de corrupción e impunidad existentes en México y que han perpetuado las violaciones graves de los derechos humanos.
Apoyándose en la información de la Encuesta de Victimización del INEGI, integrantes de la plataforma señalaron que de los 30 millones de hechos delictivos cometidos al año en México, sólo el 1% tiene alguna forma de conclusión ante los órganos de justicia. Para superar la problemática defienden que será necesaria la cooperación internacional en el camino de gestar mecanismos que sean realmente independientes y efectivos de investigación y persecución del delito y que aseguren el derecho a la verdad. Proponen, como primer paso, el establecimiento de un Consejo Asesor contra la impunidad como lo establece la primera recomendación emitida al Estado Mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU.
Las organizaciones lamentaron que pese a los escándalos diarios, México se ha convertido en un país donde se puede romper la ley, un país donde nunca pasa nada porque los poderes fácticos legales e ilegales han dejado inoperantes la responsabilidad administrativa, penal, política y de derechos humanos. Explicaron que la impunidad, como ausencia de investigación y sanción, afecta cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana “como cuando se niega el acceso a la salud o la protección al medio ambiente” y se torna crónica cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos o actos que involucran actores políticos “influyentes”.
Finalmente, las organizaciones de la plataforma se pronunciaron a favor de la eliminación de la impunidad y la corrupción en todas sus formas y dejaron claro que ninguna idea de país es posible con tales índices de impunidad y corrupción.
Participan de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción las siguientes organizaciones: Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Católicos por el Derecho a Decidir, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Victoria Díez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Entre las organizaciones internacionales destacan: Fundación para el Debido Proceso Legal; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Plataforma contra la Impunidad de Guatemala.
Respaldan la iniciativa: Comunicación e Información de la Mujer; la Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana; Justica Pro Persona; Justicia, Derechos Humanos y Género; México Unido contra la Delincuencia; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Renacer Lagunero.
Algunas de las personalidades que acompañan la Plataforma son Ina Zoon, experta internacional de Open Society Foundations Justice Initiative; Aleida Calleja, experta en libertad de expresión; Jacobo Dayán, experto en Memoria y Verdad, e investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Universidad Iberoamericana, entre otros.
*Lea aquí el comunicado sobre el robo en las oficinas de Causa en Común