• Acude delegación oficial mexicana de bajo perfil; el funcionario más relevante en la audiencia es un representante militar.
Como adelantamos ayer en el Sididh, durante la audiencia celebrada ayer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, dentro de su 87 periodo de sesiones, la indígena me´phaa de Guerrero, Valentina Rosendo Cantú, de 25 años de edad, exigió al gobierno de México que reconozca que fueron militares quienes la torturaron y violaron sexualmente en el 2002, y que deje de perseguirla porque quiere vivir “tranquila” con su hija.
También fue enérgica al manifestar que estaba preocupada por su seguridad, la de su familia y sus representantes legales ante posibles represalias que pudiera ejercer el Estado mexicano por buscar justicia ante la Corte y evidenciar la impunidad con que actúa el Ejército mexicano.
“Han pasado ocho años y el gobierno no ha hecho nada, ocho años de no poder regresar a mi comunidad…para poder estar tranquila, pido al gobierno, exijo al gobierno que (reconozca) que lo que estoy diciendo es la verdad”, dijo Valentina.
Cabe destacar que la delegación del Estado mexicano tuvo un inusual bajo perfil, en la que el funcionario de más alto nivel fue Rogelio Rodríguez Correa, subdirector de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que la SER envió a Armando Vivanco Castellanos, director general adjunto de Casos, Democracia y Derechos Humanos de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Las juezas y jueces de la Corte IDH escucharon el testimonio de Valentina de “manera privada”, porque consideraron que cuando se trata de la declaración de una víctima de violación sexual, se deben adoptar las medidas necesarias para evitar, o al menos, reducir al máximo el riesgo de una eventual revictimización.
Hace ocho años, cuando Valentina tenía 17 años de edad -y sin hablar de manera fluida el español-, inició una lucha para que sean procesados y sancionados los soldados que la violaron y torturaron cuando terminaba de lavar ropa en el río de su comunidad, luego de que no reconoció la identidad de “encapuchados” cuyos nombres le mostraron en una lista.
La falta de una atención médica adecuada, de una debida diligencia en la investigación, de la sanción de los responsables, de una reparación adecuada a ella y sus familiares y la utilización del fuero militar para juzgar las violaciones de derechos humanos en México, obligaron a Valentina a buscar justicia ante el Alto Tribunal Latinoamericano.
El 23 de abril de este año, la Corte Interamericana notificó, a Valentina y sus representantes legales su resolución mediante la cual la convocó a la audiencia pública de hoy, que programó para conocer su demanda contra el Estado mexicano, por la detención ilegal, tortura y violación sexual que valentina sufrió en manos de militares del 41 Batallón de Infantería.