* Organizaciones de Guerrero indicaron que en su estado, epicentro de la militarización, de nada ha servido que los militares hayan asumido tareas de seguridad pública.
Ciudad de México, 28 de marzo de 2017. La corrupción de gobiernos estatales y municipales, que desvían recursos destinados a la profesionalización de las policías, ha contribuido a que la seguridad pública quede en manos de las Fuerzas Armadas, señaló ayer el colectivo #SeguridadSinGuerra, que agregó que el uso indiscriminado de militares ha llevado a que a la crisis de inseguridad se sumen otras, como la violencia y las violaciones a derechos humanos.
Los y las ponentes insistieron en que es necesario detener la militarización y, de manera escalonada, planificar el regreso de las Fuerzas armadas a sus cuarteles e implementar un programa de profesionalización policial que de mejores resultados. Recordaron que aunque en las dos últimas administraciones se ha argumentado que las Fuerzas Armadas están en las calles porque las policías están rebasadas, la realidad es que los gobiernos estatales y municipales han retrasado deliberadamente su profesionalización, ya sea por falta de voluntad política o porque se benefician de actos de corrupción ligados al mal manejo de los recursos.
Las y los activistas indicaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó en la cuenta pública del 2015 el desempeño de Policía Federal, municipal y estatal y generó 443 promociones de responsabilidad sancionatoria por opacidad o mal uso de los recursos.
Juan Francisco Torres Landa, de México Unido contra la Delincuencia, señaló que el ímpetu que muestran las autoridades para intentar aprobar la Ley de Seguridad Interior “no lo vemos a la hora de cumplir sus obligaciones de proveer seguridad a los ciudadanos”. Por su parte, María Elena Morera, de Causa en Común, pidió que los gobiernos asuman su responsabilidad y “dejen de ser omisos con los compromisos que ellos mismos adquirieron”, refiriéndose a los insuficientes resultados alcanzados por el Sistema Nacional de Seguridad. Luis Fernández llamó a “construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles para poder retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las calles” y añadió que “cualquier ruta de salida requiere de la aplicación de fuertes contrapesos legislativos y judiciales a la actuación excepcional de las Fuerzas Armadas así como de la existencia de mecanismos de responsabilidad de los gobiernos civiles».
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia mostraron una contundente oposición ante la Ley de Seguridad Interior «que otorgue a las fuerzas armadas facultades de policía y siga privilegiando la militarización de la seguridad, creando estados de excepción y que deje intocado el sistema de corrupción e impunidad que impera en los cuerpos de seguridad estatal para que sigan protegiendo a la clase política vinculada con el crimen organizado”.