Organizaciones internacionales y academia exhortan a evitar retrocesos en #LeyAntitortura

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* Se debe aprobar de inmediato una ley garantista y acorde a los estándares internacionales, señala el sistema Universitario Jesuita. 

Imagen: Amnistía Internacional

Ciudad de México, 13 de marzo de 2017. Más de una decena de prestigiadas organizaciones internacionales de derechos humanos exhortaron a la Cámara de Diputados a evitar regresiones en la minuta de la ley contra la tortura aprobada por el Senado y a que sí hagan algunas modificaciones dirigidas a que ésta cumpla plenamente con estándares internacionales, como garantizar la exclusión de la prueba obtenida mediante tortura sin excepciones; investigación y sanción de superiores jerárquicos y el consentimiento para realizar procedimientos médicos y científicos.

Las organizaciones, entre las que se encuentran la Organización Mundial Contra la Tortura, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Robert F. Kennedy Human Rights, consideraron que la promulgación de una ley general contra la tortura es una oportunidad única e histórica para el establecimiento de un marco legal eficaz e inequívoco que sienta las bases para la erradicación de la tortura en el país. Sin embargo, expresaron su preocupación por los cambios introducidos por parte de las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a la minuta aprobada por el Senado el 29 de abril de 2016, los cuales conducirían a perpetuar la práctica de la tortura y la impunidad.

En cuanto a las modificaciones regresivas, las y los expertos señalaron que la ley debería establecer de forma inequívoca que las autoridades tienen la obligación de realizar una investigación pronta e imparcial cuando hay motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura y suprimir el requisito adicional de que existan “elementos objetivos o evidencia razonable” de tortura; también indicaron que cuando existan indicios de que un servidor público puede estar involucrado en actos de tortura debería ser apartado de la investigación de actos de tortura y de la investigación en cuyo marco se cometieron tales actos, sin limitarse a casos de vinculación al proceso; además, “en caso de sí existir vinculación a proceso, el servidor público debería ser suspendido del cargo mientras dure el proceso, para prevenir que se repitan hechos semejantes”.

Las organizaciones criticaron que entre otras modificaciones hechas por los diputados eliminaron diversas causales de atracción al fuero federal, “lo que puede representar un obstáculo insalvable a la imparcialidad y la efectividad de la investigaciones de tortura”. También pidieron que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recoja los requisitos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), en particular en lo relativo a su autonomía funcional y financiera, así como en lo relativo a la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, los programas de derechos humanos del Sistema Universitario Jesuita señalaron que que tras intensas discusiones, nutridas por la participación de diversas organizaciones de derechos humanos, el proyecto aprobado por el Senado sentó bases sólidas para la continuación de los trabajos en la Cámara de Diputados, aunque con la necesidad de incorporar aún algunos estándares en disposiciones concretas. Los académicos instaron a las y los diputados a aprobar prontamente un proyecto de Ley General que sea plenamente garantista ciñéndose a las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura.

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