Imprescindible, plan de regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y profesionalización policial: sociedad civil y academia

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* La Ley de Seguridad Interior no es el mejor ni el único camino, insisten académicos, familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, agrupados en #SeguridadSinGuerra. 

Ciudad de México, 13 de marzo de 2017. La Ley de Seguridad Interior no es ni la mejor ni la única opción para enfrentar la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos en México, ratificaron expertas, familias de víctimas y organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra, quienes señalaron que es indispensable que se hable ya de un plan de regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y de profesionalización de las policías.

“Es hora de cambiar la ruta para lograr una seguridad sin guerra”, reclamaron en un comunicado emitido ayer, en el que se insiste que la ley no atiende las causas que han llevado a las Fuerzas Armadas a las calles, no toma en cuenta los efectos negativos que ha traído el uso de seguridad militarizada durante la última década ni escucha los reclamos de las víctimas.

“La evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia y sí, en cambio ha desgastado a las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparados, tal como lo ha reconocido el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia. Antes que una Ley de seguridad interior, se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles”, una promesa que no han cumplido ni Felipe Claderón Hinojosa ni Enrique Peña Nieto, detalló el colectivo.

Las y los firmantes insistieron en que las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar, como lo han expresado múltiples organismos nacionales e internacionales, expertos en la materia y el propio Secretario de la Defensa, además de la propia Constitución.

“La Ley de seguridad interior es el síntoma extremo de un paradigma de seguridad que fracasó. Esto es constatable con la alta proporción de víctimas de todo tipo de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, la extendida percepción de inseguridad, la sub denuncia desproporcionada y la masiva desconfianza social hacia las instituciones que la deberían proteger. El despliegue militar afecta cada vez más a las propias autoridades militares, cuyos estándares de uso máximo de la fuerza no son propios de las tareas policiales y de investigación de delitos”, advirtió el colectivo, que insistió en que “no se debe normalizar la excepción, sino hacer frente a la emergencia y corregir las fallas que existen de fondo”.

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