*La Visitaduría General determinó que solamente existieron faltas administrativas en la investigación del caso; familias exigen que el juez revise imparcialmente la decisión.
Ciudad de México, 10 de marzo de 2017. Padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se manifestaron ayer en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito Judicial para exigir al juez Martín Adolfo Santos Pérez que admita la demanda de amparo -radicado bajo el número 195/2017- que presentaron en contra de la determinación de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), mediante la cual concluyó la investigación interna por las irregularidades cometidas en el Río San Juan durante la investigación del caso.
Después de hablar con una comisión de familiares y representantes, el juez se comprometió a estudiar a fondo el expediente. Padres y madres advirtieron que no permitirán que queden en la impunidad las irregularidades cometidas por funcionarios de la PGR que les han impedido el derecho a la verdad, y que fueron clasificadas como simples errores administrativos por la actual Visitaduría.
La investigación interna de la PGR inició a raíz de que el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) reveló que en una diligencia no registrada, que tuvo lugar el 28 de octubre de 2014, un detenido fue trasladado ilegalmente al río San Juan, donde un día después se encontró supuestamente la única pieza ósea hasta hoy identificada plenamente como perteneciente a un normalista. Dada la magnitud de las ilegalidades, el anterior Visitador de PGR inició una investigación y elaboró un proyecto, hoy público, en el que consideraba que se trataba de irregularidades graves y ordenaba una investigación de índole criminal, por considerar que se había violentado el derecho a la verdad de las familias. Sin embargo, dicho funcionario se separó súbitamente de la investigación y su proyecto no prosperó; una nueva Visitadora elaboró una resolución que diluyó las principales responsabilidades y las consideró faltas administrativas leves.
El 1 de marzo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó el viraje tomado por la investigación interna de la PGR, a la que calificó como una “oportunidad perdida” para atender las serias violaciones cometidas durante la investigación.
La demanda de amparo interpuesta por las familias busca que se analice la actuación de la Visitaduría; padres y madres exigieron que se admita a la brevedad y se revise de manera independiente y profunda.