En Latinoamérica los Estados usan la fuerza para contener manifestaciones: estudio

by

* En México, autoridades buscan restringir, sancionar o limitar derechos por medio de leyes, señala el CELS, mientras la Suprema Corte discute la Ley Atenco o Ley Eruviel.

Manifestación en el marco de la campaña “Protestar es un derecho, reprimir es un delito | Globedia

Ciudad de México, 2 de marzo de 2017. Los Estados latinoamericanos reproducen prácticas para restringir, impedir o criminalizar un derecho fundamental para la defensa de otros derechos como lo es la protesta social, indica un estudio realizado por el Centro de Estudios Legales y Estatales (CELS) en colaboración con diez organizaciones de derechos humanos de los ocho países analizados. 

El estudio, que ubica a las calles como el espacio para visibilizar demandas, expresar conflictos y pedir justicia y mejores condiciones, identifica la respuesta estatal violenta y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos como patrón común de los países analizados. También destacó la existencia de experiencias para desarrollar mecanismos democráticos de gestión de los conflictos, aunque en muchos casos tuvieron dificultades para transformarse en políticas públicas de manera continuada.

En el caso de México, el estudio del CELS expone una regulación que fomenta el uso arbitrario de la fuerza y una ola creciente de intentos por regular las manifestaciones y protestas: “Las autoridades ejecutivas y legislativas aprobaron leyes o enviaron proyectos de ley con marcos normativos que pretenden restringir, sancionar o limitar derechos”, informa. Justo en estos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Atenco” o “Ley Eruviel”, una legislación en la línea denunciada por el CELS. 

El estudio identifica 17 iniciativas surgidas en México en los últimos 2 años que buscan regular manifestaciones con base en diferentes restricciones como la prohibición de utilizar vías de circulación o estableciendo la necesidad de avisar a las autoridades y sin considerar manifestaciones espontáneas; también mediante concesiones de facultades amplias e imprecisas a las autoridades para hacer uso de la fuerza pública que pueden ser interpretadas y utilizadas de manera arbitraria por su vaguedad. Según el CELS, uno de los aspectos más preocupantes de estas normas es la distinción de las protestas entre legales e ilegales, pacíficas o no pacíficas, lo que permite la disolución de manifestaciones enteras en lugar de actuar de manera especifica en los casos en los que pudiera ocurrir algún incidente. Por ello, expresa especial preocupación por la Ley sobre Uso de la Fuerza del Estado de Puebla y por la Ley de Movilidad del Distrito Federal de México.

Las y los expertos consideraron que la masacre de Nochixtlán muestra la falta de mecanismos para responder a situaciones de protesta: se desalojaron maestros y pobladores que protestaban por la Reforma Educativa con un uso excesivo de la fuerza que ocasionó la muerte de al menos diez personas y la detención arbitraria de 23 más.

Coordinadores y colaboradores del informe urgieron a transformar la respuesta estatal a las protestas sociales en América Latina, especificando que una respuesta democrática hacia conflictos y protesta implica el compromiso de garantizar el derecho de reunión, de petición, de expresión y de participación. Para ello, indicaron, es necesario respetar dos pilares: por un lado, el rol principal del Estado de mediar los intereses contrapuestos en un conflicto y por otro los operativos de seguridad, que deben estar guiados por principios orientados a la no represión y a la protección de derechos.

*Consultar informe íntegro aquí.