*Debido a la tardanza en atenderlas, muchas personas deciden abandonar el procedimiento y seguir el camino que implica clandestinidad y más peligros.
Ciudad de México, 27 de febrero de 2017. Hay una negación del Gobierno mexicano para atender la crisis de refugiados en la frontera sur de México, lo que empuja a las y los solicitantes a seguir el camino hacia la frontera norte de México expuestos a grandes peligros, denunció La 72, Hogar Refugio para Migrantes con sede en Tenosique, Tabasco.
La organización señaló que de acuerdo con una estimación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), este año podría haber 20 mil nuevas solicitudes de refugio, mientras que las personas que iniciaron su trámite entre septiembre y diciembre de 2016 todavía no han sido entrevistadas por personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Personal de la comisión les señaló que existen permisos oficiales para realizar las brigadas de entrevistas en Tenosique pero falta presupuesto; además, la última se realizará la primera semana de marzo y los servidores públicos se trasladarán posteriormente a la frontera norte para atender la crisis de personas haitianas varadas en la región.
La 72 indicó que la incertidumbre -además de que los tiempos estimados para completar el proceso de solicitud de refugio se han duplicado- han hecho que muchas personas decidan seguir el camino nuevamente en clandestinidad, con todos los peligros que eso implica, mientras que quienes deciden esperar “viven una verdadera incertidumbre” y permanecen sin acceso a trabajo, seguridad, educación ni procesos de integración social.
Las y los defensores de migrantes recordaron que la causa de la expulsión de personas originarias de Centroamérica se debe a una violencia generalizada que flagela la población más empobrecida, y pidieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, a la Comar, a la sociedad civil y a los distintos niveles del Estado mexicano para que según sus competencias apoyen a “desahogar esta crisis y evitar que aumente en proporciones que después desemboquen en situaciones lamentables”.