* El FLEP subraya la necesidad de la protesta social en sociedades democráticas y se muestra contraria a permitir el abuso de la fuerza frente a quienes se manifiestan, que permitiría la Ley de Seguridad Interior.
Ciudad de México, 20 de febrero de 2017. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que aglutina diversas organizaciones de la sociedad civil, mostró su preocupación por la eventual aprobación de una Ley de Seguridad Interior (LSI) que “normalizaría el estado de excepción y militarización de la seguridad púbica”, lo que impactaría negativamente en los contextos de protesta social. Señalan que la Ley de Seguridad Interior no atiende la problemática de fondo, y recuerdan que mantener las fuerzas armadas en tareas que no les corresponden, además de no generar resultados “ha resultado más lesiva de los más elementales derechos”.
Las organizaciones consideran especialmente alarmantes la amplitud y ambigüedad de las definiciones de “seguridad interior” así como de las causas por las cuales se podría emitir una “declaratoria de afectación a la seguridad interior”. Defienden que eso podría enmarcarlas dentro del contexto de la protesta social y permitir el uso de la fuerza incluso en protestas de “resistencia no agresiva”. Debido a ello señalan que “Una protesta social en la que se resista a algún megaproyecto, o incluso una protesta en contra de políticas como el gasolinazo puede fácilmente catalogarse como un acto de resistencia no agresiva frente al cual la legislación de seguridad interior habilitaría la actuación militar”.
El frente añade que existirían iniciativas que amplían el campo de acción de las fuerzas armadas bajo la justificación de “prevenir amenazas a la seguridad” incluso en tareas de persecución del delito o tareas de inteligencia. Declaran que “una iniciativa faculta al Ejército para realizar intervención de comunicaciones y geolocalización sin los controles adecuados”, diligencia que sería contraria al derecho a la protesta al suponer un grave riesgo a convocantes y participantes en manifestaciones.
Las entidades firmantes mostraron preocupación por la falta de controles y rendición de cuentas frente a actuaciones e intervenciones de las fuerzas armadas. Reiteraron que, como en otras ocasiones, el FLEPS ha denunciado la falta de transparencia y la continua impunidad en la que operan las fuerzas de seguridad como “alicientes para que se perpetúen las violaciones a derechos humanos, lo que en particular preocupa frente a las fuerzas armadas”.
Por todo, llamaron urgentemente a atender las recomendaciones de diversos organismos internacionales en un modelo que busque el fortalecimiento y rendición de cuentas de las instituciones civiles, y no habilitar a las fuerzas armadas a realizar tareas que establezcan condiciones que propician las violaciones a derechos humanos. En consecuencia llamaron a realizar un retiro programático de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad y al Congreso de la Unión a legislar con base en evidencia empírica.