* La resolución constituye un nuevo agravio a las familias y muestra la profundidad de los problemas estructurales de la PGR, cuyos controles internos carecen de independencia, firmeza y capacidad técnica, señalan.
Ciudad de México, 16 de febrero de 2017. La resolución de la PGR sobre la investigación interna de las irregularidades registradas en el caso Ayotzinapa es limitada, parcial y un alarmante mensaje de impunidad que debilita al Estado de Derecho, advirtieron decenas de organizaciones de la sociedad civil.
«Es un pésimo precedente para quienes trabajamos para erradicar la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho desde la sociedad civil y la academia. Esperamos que esta decisión pueda ser revisada en las instancias judiciales correspondientes y que se transparenten todos los procedimientos administrativos y sus resoluciones, de modo que esta determinación no constituya un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia y verdad para este importante caso. Recordamos que la cabal resolución del caso Ayotzinapa sigue siendo no sólo del interés de las víctimas sino de todo México», señalaron las y los defensores.
La investigación, abierta a instancias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fue entregada la semana pasada a los familiares de las víctimas, quienes de inmediato señalaron que diluía las graves responsabilidades de los servidores públicos tanto en número como en importancia. En la investigación inicial original referida por varios medios de comunicación se determinaban graves responsabilidades de los funcionarios implicados en las diligencias del Río San Juan, se identificaban 18 irregularidades cometidas y se abría la puerta a una investigación penal por algunas de ellas. En cambio, en la resolución entregada por la PGR a los familiares de los 43 la semana pasada, sólo se hablaba de responsabilidades administrativas derivadas de 7 irregularidades.
Entre las irregularidades detectadas por el GIEI estuvo el señalamiento de que existieron actuaciones en la investigación que no fueron reportadas dentro del expediente. En su Segundo Informe presentado el 24 de abril de 2016, el GIEI reveló un video donde se aprecia que el 28 de octubre de 2014 el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, trasladó ilegalmente a un detenido al Río San Juan, le interrogó en ausencia de su defensor y no levantó constancia de dicha diligencia, además de que no solicitó formalmente que el sitio quedara bajo custodia. Dicho detenido presentó posteriormente huellas de maltrato. «Esto resulta sumamente relevante puesto que es una base en la que se ha pretendido sostener la hipótesis oficial: en el lugar escenario de las actuaciones irregulares se habría encontrado un día después la bolsa de donde se extrajo el único resto óseo hasta hoy identificado como perteneciente a uno de los jóvenes desaparecidos», destacaron las organizaciones.
Las y los defensores recordaron que después de la revelación del GIEI, la PGR se comprometió a realizar una investigación interna exhaustiva y expedita a cargo del entonces Visitador General de la institución, César Alejandro Chávez. La investigación no fue concluida en los tiempos anunciados a las familias, lo que incluso derivó en la suspensión de la interlocución entre éstas y las instancias federales. Posteriormente, diversos trabajos periodísticos -Reforma, Aristegui Noticias, Proceso, Anabel Hernández y The New York Times- revelaron que el Visitador había realizado un proyecto de resolución que de manera inédita señalaba las graves responsabilidades de los funcionarios implicados en las diligencias del Río, encontrando al menos 13 irregularidades y ordenando el inicio de una investigación penal por la “posible trascendencia penal” de dichas actuaciones ilegales. Los reportes de la prensa indicaron también que justamente fue por el contenido crítico del trabajo de la propia institución que el proyecto no fue aprobado, lo que derivó incluso en la salida del Visitador Chávez de la PGR.
Las organizaciones denunciaron que el proyecto avanzado por el anterior Visitador fue recortado en sus principales alcances para generar una conclusión que convalida graves violaciones al debido proceso y con ello fomenta la ilegalidad. «Al omitir toda referencia al derecho internacional de los derechos humanos, al considerar legales detenciones que fueron arbitrarias, al no responsabilizar a Tomás Zerón de violar el derecho a la verdad por no informar de las diligencias en el Río San Juan y al no pronunciarse sobre el derecho a la defensa del detenido que fue llevado al río, sin duda la resolución encubre severas ilicitudes. La relevancia que pudiera tener esta resolución se diluye al sólo proponer el inicio de procedimientos administrativos por responsabilidades leves, dejando de lado el inicio de investigaciones penales; de esta manera también se alienta la arbitrariedad de las policías de investigación, pues se les permite situarse al margen de las obligaciones básicas de respeto al debido proceso y de su sujeción al ministerio público», abundaron.
La resolución entregada a las madres y los padres «no sólo constituye un nuevo agravio a las familias que aún demandan justicia y verdad, sino que también muestra la profundidad de los problemas estructurales de la PGR, en la medida en que evidencia cómo los controles internos constituidos por instancias como la Visitaduría General, carecen de independencia, firmeza y capacidad técnica. Estas deficiencias deberán ser tomadas en cuenta en las discusiones sobre el diseño de la nueva Fiscalía General de la República», advirtieron las organizaciones. «En este mismo sentido, no debe pasarse por alto que al quedar algunos de los procedimientos administrativos por iniciarse en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, hoy encabezada por Arely Gómez -quien como Procuradora de la República tuvo a su cargo tanto a César Chávez como a Tomás Zerón- su desenlace pondrá a prueba las recientes reformas al Sistema Nacional Anticorrupción».
*Consultar el comunicado íntegro aquí.