*Las iniciativas no contienen las salvaguardas necesarias y son inconstitucionales, insisten.
Ciudad de México, 15 de febrero de 2017. Ante la falta de análisis basados en evidencia empírica que constaten que la actuación militar es hoy la vía adecuada para prevenir y castigar los delitos, organizaciones de derechos humanos y expertos urgieron al Congreso de la Unión a detener la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, a hacer un diagnóstico documentado y a escuchar a las víctimas. Las y los expertos recordaron también que legislar en materia de seguridad interior de la manera en que lo pretende hacer el Congreso es inconstitucional y contrario a los derechos humanos, como ya lo han marcado organismos internacionales en la materia.
Las y los expertos insistieron en que toda Ley en materia de seguridad debe disponer de bases constitucionales que permitan una efectiva rendición de cuentas, protección de los derechos fundamentales y la creación de recursos efectivos en caso de que se presenten abusos y violaciones. Recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró indispensable que el Gobierno mexicano presentase un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó a México promover un enfoque de seguridad pública en línea con los derechos humanos.
«La evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, y ejecuciones a manos de militares. Estos casos tendrían que ser tomados en cuenta por las y los legisladores para evidenciar la urgencia de adoptar una Ley que regule el uso de la fuerza, restrinja las tareas de inteligencia, obligue a la transparencia y dote de seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas, antes de aprobar una iniciativa que legalice que el Ejército realice tareas de seguridad pública como son la detención, la prevención e investigación del delito, como pretende la mencionada Ley», advirtieron las organizaciones y académicas.
Las y los expertos, entre quienes se encontraban la politóloga Denise Dresser; Tania Reneaum Panszi de Amnistía Internacional México; José A. Guevara de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Édgar Cortez del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Alejandro Madrazo del Centro de Investigación y Docencia Económicas; Juan Francisco Torres Landa de México Unido Contra la Delincuencia; Santiago Aguirre del Centro Prodh y Jesús Robles Maloof de Enjambre Digital, insistieron en que el Ejército es necesario pero para otras tareas, y mostraron su preocupación por la posibilidad de que la aprobación de la Ley ponga en riesgo la estabilidad de las relaciones cívico-militares. Reiteraron que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, por lo que las Fuerzas Armadas deben ser una fuerza accesoria y regresar a su papel constitucional.
Mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a no aprobar con prisas la legislación y la Cámara de Diputados dijo que presentará una ruta de discusión, un informe presentado por el centro de estudios legislativos del Senado de la República concluyó que «incrementar las atribuciones de las Fuerzas Armadas para atender cuestiones de seguridad significa dar sustento legal acciones que, de facto, ya suceden todos los días en el territorio nacional» y señaló la necesidad de contar con un plan para el retiro gradual y permanente de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad, alegando que la Ley de Seguridad Interior no resolvería la carencia de un marco legal regulador, sino que sería necesario imponer controles estrictos y de supervisión para evaluar los operativos de las fuerzas armadas.
El informe titulado “Seguridad interior: elementos para el debate”, considera que no era necesario activar al Ejército en “guerra contra el narco” dado que dicha estrategia fue puesta en marcha cuando la violencia en México “se encontraba en niveles mínimos históricos” y no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas.