*El malware, proveniente de una empresa israelí, solamente se vende a gobiernos; se ha utilizado ya para vigilar a periodistas.
Ciudad de México, 13 de febrero de 2017. Tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y del etiquetado frontal y claro de productos alimenticios en México fueron espiados mediante un malware gubernamental altamente sofisticado asociado a la empresa israelí NSO Group, concluyó un informe de Citizen Lab, adscrito a la Universidad de Toronto, realizado en colaboración con R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional.
De acuerdo con la información analizada por los expertos, el malware fue utilizado contra Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO. El recurso tecnológico es vendido exclusivamente a gobiernos y ha sido utilizado con anterioridad para espiar periodistas ilegalmente. Entre sus clientes constarían diversas agencias del gobierno mexicano.
La vigilancia se realiza mediante el envío de mensajes SMS con enlaces maliciosos; al abrirlos se descarga sigilosamente el malware identificado como Pegasus y éste accede a todos los archivos guardados y las capacidades para utilizar la cámara, el micrófono y el GPS, entre otros. A Calvillo y Encarnación les llegó el SMS una semana después de convocar una rueda de prensa para pedir un aumento en el impuesto y mayor transparencia en el uso de los recursos recaudados a partir de éste. Por su parte, Barquera se pronunciaba a favor de ese impuesto en foros académicos y redes sociales.
Ante los hechos, la organizaciones Artículo 19, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC anunciaron la presentación de una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y se comprometieron a seguir explorando vías para “impedir que el caso quede en la impunidad” mediante la “inmediata apertura de una investigación seria e imparcial que permita identificar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal documentada que vulnera el derecho a la privacidad, el derecho a defender derechos humanos e inhibe el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
«La vigilancia contra, periodistas, científicos y defensores de derechos humanos es un hecho a todas luces reprobable, inaceptable y que agravia a toda la sociedad. El uso de las capacidades de vigilancia del Estado, especialmente al servicio de los intereses de la industria, es un agravio para todas las personas que trabajan en favor de la salud de los mexicanos, tanto en el sector público y privado, así como de la sociedad civil organizada», advirtieron las organizaciones.
Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, apuntó en el prorgrama Aristegui En Vivo, que éste sería el primer caso documentado de vigilancia digital a activistas en América Latina, ya detectada anteriormente en casos de periodistas.
*Consultar el comunicado íntegro aquí.