Organizaciones de la sociedad civil advierten que las consecuencias de legislar con premura esencialmente para dotar a las Fuerzas Armadas de la certeza jurídica que sus mandos reclaman, sin atender otras preocupaciones y sin ponderar lo que han significado su despliegue los últimos años, inevitablemente repercutirá de forma negativa en los derechos humanos.
